Una nueva controversia envuelve a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, tras revelarse que un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) estaría implicado en una investigación penal relacionada con el secuestro y posterior asesinato de un reconocido líder minero en el departamento de Antioquia. Informes de inteligencia y documentos policiales, divulgados recientemente por medios nacionales, señalan presuntas irregularidades en el manejo de un testigo clave del caso.
Según la información que ha trascendido, un reporte de la Policía Nacional detalla que un integrante del equipo de la congresista habría retirado del lugar de los hechos a un testigo presencial del crimen. Esta acción, que no habría contado con el aval de las autoridades judiciales competentes, podría constituir una obstrucción a la justicia y una alteración de la cadena de custodia de pruebas testimoniales fundamentales para esclarecer el homicidio.
El caso cobra mayor relevancia al conocerse chats y comunicaciones interceptadas en las que la senadora Zuleta habría reclamado a altos mandos por la realización de operativos de control en centros penitenciarios y zonas de influencia de grupos armados. En dichas conversaciones, la congresista presuntamente calificó las acciones de la fuerza pública contra estructuras criminales como un «saboteo» a los procesos de paz urbana que se adelantan en el Valle de Aburrá, argumentando la defensa de los diálogos sociojurídicos.
Las revelaciones sugieren una posible extralimitación de funciones por parte de la legisladora y su equipo, quienes habrían intervenido en procedimientos que son de resorte exclusivo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía. La situación ha generado inquietud sobre los límites del ejercicio político frente a las investigaciones criminales en curso, especialmente aquellas que involucran delitos graves como el homicidio y el secuestro en regiones conflictivas de Antioquia.
Frente a los señalamientos, la senadora ha defendido sus actuaciones argumentando que su labor se enmarca en la protección de los derechos humanos y el acompañamiento a las comunidades vulnerables. Sin embargo, los organismos de control evalúan si las maniobras de su funcionario y sus propias intervenciones ante la fuerza pública cruzaron la línea de la legalidad, comprometiendo la imparcialidad judicial requerida en el esclarecimiento de la muerte del líder minero.
