La Corte Constitucional de Colombia ha tomado una decisión sin precedentes al abrir formalmente un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En un auto notificado este 12 de diciembre, el alto tribunal determinó que el funcionario ha incumplido sistemáticamente las órdenes judiciales relacionadas con el reajuste técnico y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado gira a las EPS por la atención de cada paciente.
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, encargada de vigilar la garantía del derecho fundamental a la salud, declaró un «incumplimiento general» de las directrices sobre el financiamiento del sistema. Debido a la gravedad de las omisiones, los magistrados ordenaron compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que inicien las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales correspondientes contra el ministro y otros funcionarios responsables.
El núcleo de la controversia radica en que el Ministerio de Salud no ha logrado acreditar técnicamente la suficiencia del valor de la UPC para las vigencias actuales y futuras. Según el tribunal, el Gobierno se ha limitado a realizar ajustes basados en la inflación, ignorando variables críticas como el perfil epidemiológico de la población, el envejecimiento demográfico y la inclusión de nuevas tecnologías, lo que ha profundizado la asfixia financiera de las aseguradoras y puesto en riesgo la atención de millones de usuarios.
Como parte de la decisión, la Corte otorgó un plazo perentorio de 48 horas al ministro Jaramillo para que se pronuncie y presente los soportes técnicos que justifiquen su actuación, aunque advirtió que las fallas metodológicas en el cálculo de la prima persisten. Adicionalmente, se ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud asumir un rol activo y verificable en el control de los recursos girados, para garantizar que el dinero llegue efectivamente a la red de prestación de servicios.
Expertos del sector, como Augusto Galán del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, han señalado que esta decisión judicial confirma las denuncias de académicos y gremios sobre la insuficiencia de recursos. El auto de la Corte subraya que la falta de financiación adecuada no es un problema administrativo menor, sino una barrera estructural que impide el goce efectivo del derecho a la salud, obligando al Estado a justificar sus cifras con rigor técnico y no solo bajo criterios de austeridad fiscal.
Esta medida escala el conflicto entre el Ejecutivo y la Rama Judicial en medio de la reforma al sistema de salud que impulsa el Gobierno. Mientras la administración defiende su gestión, el tribunal constitucional ha dejado claro que la sostenibilidad financiera y el flujo de recursos son mandatos de obligatorio cumplimiento que, de seguir siendo ignorados, acarrearán sanciones severas para la cúpula del Ministerio.
