Una investigación realizada por medios colombianos expone que las disidencias de las FARC‑EP habrían establecido redes de protección y presunta financiación para la campaña presidencial del Gustavo Petro en 2022, mediante contactos al interior de instituciones militares y de inteligencia.
El reportaje sostiene que un correo electrónico de febrero de 2024, incautado en un retén militar en la localidad de Anorí (Antioquia) el 23 de julio de 2024, incluye instrucciones del jefe de una disidencia identificado como Iván Mordisco (alias) para reunirse con un oficial militar activo, al que se menciona por nombre como Juan Miguel Huertas.
En ese documento se señala que el militar ofrecía montar una empresa fachada de seguridad, que los disidentes aportarían “muchachos y armas” y el oficial los permisos. Además, se ofrece protección para sus desplazamientos aludiendo a un “vínculo con el presidente” mediante el cual se les ordenaba “no pararlos en ningún lado”.
El oficial, según la investigación, fue retirado en 2022 por la Ejército Nacional de Colombia y posteriormente se vinculó a la campaña de Petro, y en agosto de 2025 fue reincorporado al servicio activo como jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional de Colombia.
También se registra un chat interno de la principal disidencia, el Estado Mayor Central EMC, donde se afirma que “todo se hizo a través de Francia Márquez” (actual vicepresidenta de Colombia), sin precisar datos exactos de la transacción económica ni de los montos.
La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder el material incautado, pero hasta la fecha de la publicación del reportaje no se habían anunciado medidas investigativas públicas sobre altos mandos vinculados ni sobre financiamiento de campaña que confirmaran estos contactos.
La revelación cuestiona la capacidad institucional para prevenir infiltraciones de organizaciones armadas al interior de entidades de seguridad del Estado y plantea interrogantes sobre los mecanismos de financiación electoral y la transparencia de campañas políticas en Colombia.
El gobierno nacional y entidades vinculadas aún no han divulgado un pronunciamiento oficial que corrobore o desestime de manera amplia los hallazgos presentados por el medio de comunicación.
La historia pone en evidencia que grupos armados con capacidad logística podrían haber establecido servicios de seguridad privada que legalmente actuaban en condiciones regulares y así habrían conseguido influencia política, ampliando el alcance de su poder más allá del ámbito puramente delictivo.
Para los actores políticos y de control, el caso representa un reto en cuanto a la vigilancia institucional, la verificación de cadenas de mando y la posible participación de funcionarios en actividades que comprometen los sistemas de gobernabilidad y justicia del país.
