La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (CA) se encuentra en una fase avanzada de tramitación en la investigación contra el presidente Gustavo Petro, tras una denuncia presentada en mayo de 2025 que acusa al mandatario de una posible adicción a sustancias psicoactivas.
La denuncia fue radicada por el exministro Wilson Ruiz Orejuela, con apoyo de cartas del excanciller Álvaro Leyva Durán, quien mencionó comportamientos erráticos del presidente durante viajes oficiales que, según él, podrían obedecer a consumo de drogas.
En el borrador de auto conocido por la revista Semana se establece que “decrétese la práctica de un examen médico toxicológico al señor Gustavo Francisco Petro Urrego” para “verificar científicamente las afirmaciones contenidas en las comunicaciones del excanciller”.
El examen está condicionado a la autorización de la Corte Suprema de Justicia y, en caso de concederse, el trámite sería coordinado con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo estándares técnicos y confidenciales.
Paralelamente, la CA requerirá al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y a la Embajada de Colombia en Francia información sobre el viaje oficial de Petro a París en junio de 2023 —momento en que, según Leyva, el presidente se ausentó 48 horas y modificó su plan de vuelo sin aviso.
Según otra publicación, la comisión también analiza la citación de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, para que rinda declaración sobre chats divulgados que aludirían al consumo de licor y a presunto uso de alucinógenos durante la campaña de 2022.
No obstante, el propio Álvaro Leyva admitió que no posee pruebas directas —como grabaciones o fotografías— que acrediten el consumo de drogas por parte de Petro: “Yo no lo presencié”, declaró ante la CA.
El proceso aún se encuentra en etapa preliminar, y está supeditado al levantamiento de recusaciones presentadas contra congresistas investigadores. Una vez superadas, la CA podría emitir el auto de apertura y avanzar con la práctica del examen toxicológico.
La eventual orden del examen generará un precedente inédito en el país, al cuestionarse formalmente la aptitud del jefe del Estado para ejercer su cargo bajo la hipótesis de consumo de drogas. Las implicaciones políticas, institucionales y simbólicas son de alto impacto.
