El gobierno de los Estados Unidos, a través de una directriz de la United States Department of State emitida el 6 de noviembre de 2025 por el secretario Marco Rubio, amplía los criterios de inadmisibilidad para visas al incluir enfermedades crónicas como la obesidad, el cáncer, la diabetes y problemas de salud mental.
La ampliación se enmarca en la doctrina de la “carga pública” (public charge), que permite negar visas si se considera que el solicitante dependerá de servicios públicos o implicará un gasto al sistema sanitario. La directriz instruye a los funcionarios consulares a evaluar si los solicitantes poseen “recursos adecuados para cubrir los costos de tal atención durante toda su vida esperada sin recurrir a la asistencia pública o institucionalización a cargo del gobierno”.
Entre las condiciones médicas mencionadas figuran enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, metabólicas, cánceres, diabetes y obesidad, entre otras. La carta señala que muchas de estas condiciones “pueden requerir cientos de miles de dólares en atención” y por tanto constituyen motivo de rechazo.
La medida ha provocado una fuerte reacción internacional. Defensores de derechos humanos y expertos en inmigración la califican de discriminatoria, al apuntar contra condiciones médicas comunes y de alta prevalencia global. Ayuda de salud pública señala que, por ejemplo, la obesidad afecta aproximadamente al 16 % de adultos mundiales en 2022, y la diabetes al 14 %, según la World Health Organization.
La directiva afecta tanto a visas de inmigrante como de no inmigrante —incluyendo solicitudes de residencia y de trabajo— y no se limita únicamente a refugiados o solicitantes humanitarios. Aunque dichos grupos pueden estar exentos en algunos casos, la política representa un cambio sustancial respecto a enfoques anteriores centrados mayoritariamente en enfermedades contagiosas o requerimientos de vacunación.
Funcionarios del Departamento de Estado han defendido la política argumentando que promueve la autosuficiencia del solicitante y protege a los contribuyentes estadounidenses ante posibles cargas económicas asociadas. Sin embargo, abogados de inmigración advierten que la medida deja una gran discrecionalidad en manos de los funcionarios consulares y puede generar inconsistencias o decisiones arbitrarias.
Para aquellos que buscan obtener una visa hacia EE. UU., esta directriz implica que deberán mostrar no solo que no padecen ciertas condiciones o que las tienen bajo control, sino también evidenciar recursos suficientes, seguro médico privado o disposición para cubrir tratamientos costosos sin depender de asistencia pública. La nueva política intensifica las exigencias bajo uno de los puntales de la política migratoria anunciada por la administración.
