Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Si algo hace el mismo daño a la institucionalidad del país es el irrespeto público y vociferante de los fallos judiciales o el uso populista de la justicia espectáculo.
En este gobierno de bocones, y ante la politización de la justicia, el enfrentamiento se veía venir algún día. Y parece que fue ayer.
Una determinación —evidentemente más de espectáculo que de profundización investigativa— por parte de la magistrada Lombana, ordenando un allanamiento a la residencia barranquillera del ministro del Interior, y un estallido volcánico de improperios contra la funcionaria judicial por parte del controvertido señor Benedetti, terminaron montando el marco apropiado para una batalla que no le sirve ni a los implicados, ni al gobierno, ni a la Corte Suprema, y mucho menos a la institucionalidad.
Porque no exageremos ni nos hagamos los bobos tomando partido por alguno de los contendientes. Si no se hubiese previamente armado el alboroto alrededor de la casa que habita el ministro y su familia en Puerto Colombia —acusándolo de usar la residencia que antaño fue del atrevido colombo-venezolano señor Saab—, el allanamiento ordenado por la Corte a esa propiedad habría sido uno más de los tantos que la justicia puede decretar en aras del mejor resultado de sus diligencias.
Pero como existía la escandalera montada en las andas de la campaña política presidencial que acaba de iniciarse, la procesión no era solo de monaguillos, sino que llevaba obispos y cardenales.
La revirada, quizás exagerada aunque sí cargada de adjetivos y epítetos para calificar a la magistrada por parte del ministro, no pudo ser peor. Pero allá hemos llegado, porque hace meses, desde el gobierno, se había tomado la costumbre de agredir los fallos judiciales molestos y, desde las distintas cortes, se hacía evidente la necesidad de hacer respetar los fallos.
Aquietar las aguas no va a ser fácil, porque el clima electoral, en vez de buscar sosiego, anda alborotando avisperos.
