El Congreso de Perú destituyó de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte por «permanente incapacidad moral» para enfrentar el auge del crimen organizado y la creciente inseguridad ciudadana en el país. La votación, realizada la noche del jueves 9 de octubre de 2025, contó con 122 votos a favor de un total de 130, superando ampliamente los 87 requeridos para la destitución.
La presidenta no asistió a la sesión para ejercer su derecho a la defensa ante el hemiciclo, lo que aceleró el proceso. Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo, presidía el país desde entonces, pero perdió el apoyo de la mayoría del Congreso, principalmente sectores de derecha que habían respaldado inicialmente su mandato.
Cuatro mociones de vacancia fueron presentadas por distintos partidos políticos, alegando la incapacidad de la mandataria para gestionar la crisis de seguridad que afecta a Perú. La destitución ocurre en medio de un repunte de extorsiones, asesinatos y acciones violentas de grupos criminales, crisis por la que se responsabilizó también a la administración de Boluarte. Este conjunto de factores había provocado protestas sociales y un clima de alta tensión en Lima y otras regiones.
El proceso reflejó profundas divisiones políticas internas y un escenario complejo ante las elecciones generales previstas para el primer semestre de 2026. El Legislativo aprobó la destitución con un respaldo mayoritario, abriendo un periodo de incertidumbre previa a la elección de un nuevo líder para el país.
Dina Boluarte fue la primera mujer en ocupar la Presidencia del Perú, pero cerró su gestión tras poco menos de tres años en el poder, marcada por desafíos políticos y una crisis de seguridad considerada crítica por la opinión pública y distintos sectores políticos. Esta decisión constituye un hito importante en la historia política peruana reciente, reflejando la gravedad de la situación actual de inseguridad y la demanda de respuestas efectivas ante el crimen organizado.
