El Gobierno colombiano confirmó este martes el secuestro de 34 militares en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, tras una operación contra disidencias de las FARC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho como una acción criminal ejecutada por personas vestidas de civil que impidieron la extracción de las tropas, argumentando sin justificación legal que era un “corredor humanitario”.
Según el ministro Sánchez, los uniformados fueron interceptados violentamente en momentos en que se disponían a retirarse del área, actuación que consideró contraria a su voluntad y que constituye un secuestro, no una retención voluntaria. Las disidencias lideradas por alias “Iván Mordisco” aprovecharon la presencia de civiles bajo presión para obstaculizar el operativo militar y ejercer presión política y mediática.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, informó que los hechos se desencadenaron luego de combates que comenzaron el domingo 24 de agosto en la vereda Nueva York. Durante la operación, fue abatido “Dumar” (también conocido como “Chito”), un importante cabecilla del Bloque Móvil Martín Villa, junto con otros 10 integrantes de esa estructura ilegal. Al momento de la extracción, la comunidad intervenida impidió la salida de las tropas, argumentando un supuesto corredor humanitario y reteniendo a los militares contra su voluntad.
Desde la tarde del martes, el Gobierno ha activado mecanismos de coordinación con organismos de derechos humanos y agencias internacionales, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU en Colombia y la MAPP‑OEA, con el objetivo de asegurar la liberación de los uniformados sin poner en riesgo sus vidas.
Este caso refleja la persistencia del conflicto armado colombiano, donde múltiples actores ilegales siguen disputando el control territorial en zonas estratégicas para el narcotráfico, como el Guaviare. En lo corrido de 2025, esta región ha sido escenario de al menos una emboscada previa en abril, pero esta nueva escalada con secuestro de militares representa uno de los episodios más graves del año.
El Gobierno reiteró que no aceptará imposiciones de “corredores humanitarios” por parte de grupos armados, y reafirmó su compromiso de continuar con operaciones en la región para proteger a la población civil, frustrar el accionar criminal de las disidencias y restablecer el orden constitucional.
