En una rueda de prensa convocada este martes 3 de febrero de 2026, la aspirante presidencial Vicky Dávila presentó una denuncia de alta gravedad que vincula la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro en 2022 con dineros provenientes del narcotráfico. Dávila informó que fue contactada en horas de la mañana por una persona perteneciente al círculo más cercano de Andrés Felipe Marín Silva, alias «Pipe Tuluá», cabecilla de la organización criminal «La Inmaculada». Según la declaración, el contacto se produjo bajo instrucciones precisas del señalado delincuente, quien ordenó la entrega de información sensible coincidiendo con su extradición a los Estados Unidos ocurrida esa misma madrugada.
La denuncia central sostiene que alias «Pipe Tuluá» habría entregado sumas de dinero para la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del actual mandatario. Dávila subrayó que no actúa como vocera del narcotraficante, sino que cumple con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la opinión pública y las autoridades una información que considera de interés nacional. De acuerdo con el testimonio recibido, el extraditado asegura poseer pruebas contundentes, incluyendo audios y videos, que documentarían estos movimientos financieros y que serán entregadas directamente a las autoridades judiciales de los Estados Unidos en el marco de su proceso por narcotráfico.
Durante la rueda de prensa, se difundió un fragmento de audio en el que el propio Marín Silva afirma tener evidencias de aportes económicos no solo para la campaña, sino para otros fines, mencionando explícitamente la existencia de registros audiovisuales que comprometerían la transparencia del proceso electoral del Pacto Histórico. Ante estos hallazgos, Dávila hizo un llamado urgente a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, instándola a actuar con diligencia y a iniciar las investigaciones pertinentes para verificar la veracidad de los señalamientos del narcotraficante extraditado.
La aspirante presidencial vinculó estas nuevas revelaciones con el denominado «Pacto de la Picota», recordando que durante la contienda electoral se denunciaron reuniones en centros penitenciarios que habrían buscado apoyos políticos a cambio de beneficios jurídicos. Dávila mencionó que el propio Juan Fernando Petro reconoció en el pasado que se habrían gestionado cerca de un millón de votos en las cárceles de Colombia, lo que a su juicio refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la legitimidad de la elección de 2022. En el material entregado también se incluyó un pantallazo de un video donde aparece el rostro del hermano del presidente, pieza que formaría parte del acervo probatorio mencionado por el extraditado.
Finalmente, la denuncia se extendió a otros sectores del oficialismo, cuestionando la procedencia de los fondos para las campañas y movilizaciones de figuras como Iván Cepeda y Carolina Corcho. Dávila enfatizó que el país no puede permitir que las instituciones sigan bajo la sospecha de haber sido infiltradas por capitales ilícitos, comparando la situación actual con escándalos históricos de financiación ilegal en administraciones anteriores. Todo el material revelado en la rueda de prensa, incluyendo el audio de alias «Pipe Tuluá», fue puesto a disposición de la Fiscalía General y de la Comisión de Acusación para que se activen los mecanismos de cooperación judicial internacional.
