Por: Guillermo Mejía Mejía
El tema de la autonomía universitaria no es nuevo pues su concepto ha sido materia de análisis políticos, sociales, administrativos y religiosos y ha sido, durante muchos años, el origen de certámenes internacionales como el celebrado en Tokio en 1.965 por la Asociación Internacional de Universidades y la Conferencia Europea de Rectores en 1.992. En ese mismo año, disuelta la URSS, las universidades de los paises que giraban en su égida, se reunieron en Rumania para hablar sobre la autonomía universitaria y las libertades académicas.
Aquí en Colombia hubo un foro sobre la autonomía universitaria los días 2 y 3 de junio de 2.004, promovido por la Ascun, en la Universidad Javeriana de Bogotá, del cual existen unas buenas memorias.
En América algunos paises la han elevado a rango constitucional, pero generalmente no ha sido una concesión graciosa ni de los congresos ni de los gobiernos, sino que ha obedecido a la conquista de movimientos estudiantiles y profesorales, algunos de carácter violento.
Infaltable, cuando se habla de autonomía universitaria, mencionar el manifiesto de Córdoba, Argentina, de 1.918 que reclamaba la democratización de la universidad.
En Estados Unidos la Primera Enmienda, que data de 1791, prohíbe la expedición de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales.
El principio de la autonomía universitaria es tan antiguo como la universidad misma: Bolonia en 1.088, París 1.150, Oxford 1.167, Cambridge 1.209 y Salamanca 1.218. Estas universidades defendieron desde su fundación el principio de la autonomía de los claustros para sustraerlas de la influencia del gobierno de los reyes en plena vigencia del absolutismo.
Sin temor a equivocarnos, la universidad de Harvard, fundada en 1.636, es en estos momentos la más prestigiosa del mundo pues así lo demuestran los 161 premios Nóbel otorgados a sus investigaciones y docentes en diversas categorías como medicina, física, química, economía y literatura.
Y a esta universidad es a la que la administración Trump le ha congelado 2.200 millones de dólares, que estaban destinados precisamente a programas de investigación, con expresiones que rayan en la chabacanería del lenguaje oficial como lo demuestran las declaraciones del subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields:
“El flujo de fondos federales a instituciones como Harvard, que enriquece a sus burócratas sobrepagados con el dinero de los impuestos de familias estadounidenses en dificultades, está llegando a su fin”. Los fondos públicos son un privilegio, y Harvard no cumple con las condiciones básicas para acceder a dicho privilegio”.
La disculpa que ha esgrimido la administración Trump para meter la mano en tan prestigioso centro académico de nivel mundial, son las manifestaciones llevadas a cabo en su campus universitario por estudiantes y profesores que protestaban por las masacres israelíes en la franja de Gaza, que ese gobierno fascista de Trump considera como manifestaciones antisemitas y raciales.
La asociación de profesores de Harvard ha demandado a la administración Trump, basada en la Ley de Procedimiento Administrativo-APA- de 1.946 que obliga al gobierno de Estados Unidos a respetar el debido proceso cuando se trata de actos administrativos que imponen sanciones como la notificación del acto y el derecho a la defensa y la posibilidad de rectificación, la falta de conexión lógica pues presionar por medidas contra el antisemitismo no tiene ninguna relación con los recursos destinados a investigación y finalmente el daño irreparable pues se verían afectados proyectos trascendentales en medicina como el cáncer y en física como la energía limpia.
Pero aquí es donde viene el problema grave y es que, en la Corte Suprema, Trump tiene mayoría como se demuestra con un fallo de principios de abril de este año, votado 5-4, que permitió al gobierno retener 600 millones de dólares en subsidios para capacitación docente.
Trump tiene mayoría en el Congreso y en la Corte Suprema lo que significa que, en estos momentos en Estados Unidos, cuna de la democracia, existe un gobierno de extrema derecha, sin control político ni judicial, que puede llevar a un colapso interno de las libertades ciudadanas o a una locura militar internacional como la toma del Canal de Panamá, Groenlandia o el abandono total de Ucrania.
Ya comenzó el control de la libertad de pensamiento por donde más se defiende, que es en la universidad, y ya se conoce la negativa de entrar a los Estados Unidos y su posterior expulsión, a un científico francés del Centro Nacional de Investigación Científica luego de que las autoridades de inmigración revisaran su celular y encontraran conversaciones en las que criticaba a Trump, al mejor estilo de el Gran Hermano, la novela de George Orwell de 1.949.
Parece que la única forma de detener a Trump va a ser la gente en las calles de todo Estados Unidos. Y pensar que aquí en Colombia existen precandidatos presidenciales que estuvieron en su posesión, entre la gente del montón, y alardean de ello. Qué peligro.
