El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado inocente en una decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. La sentencia inicial lo halló culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Según el fallo de segunda instancia, el Tribunal consideró que la jueza Heredia incurrió en errores graves de motivación, argumentación y estructura al dictar la sentencia de primera instancia, que constaba de 1 114 páginas. El magistrado ponente señaló que “la falladora se equivocó”, que la sentencia presenta “déficit argumentativo”, “deficiencias estructurales” y “sesgos retóricos”.
La jueza Heredia había condenado a Uribe el 1 de agosto de 2025, imponiéndole 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años. En su sentencia, la magistrada sostuvo que Uribe “ordenó” a emisarios ofrecer prebendas o beneficios a exparamilitares para que modificaran sus testimonios.
El fallo en segunda instancia no sólo revoca la condena, sino que deja sin efecto la orden de detención domiciliaria que había sido impuesta de modo inmediato por la jueza Heredia, al estimar el Tribunal que dicha medida vulneró derechos fundamentales tales como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.
El proceso contra Uribe se originó hace más de una década, en el contexto de denuncias cruzadas entre el hoy senador Iván Cepeda y el exmandatario. La acusación central era que Uribe, a través de su abogado y emisarios, intervino en testimonios de exparamilitares para que declararan a su favor. En su fallo del 1 de agosto, la jueza Heredia valoró pruebas como interceptaciones telefónicas, fotografías, videos, chats y memos.
Con esta decisión del Tribunal de Bogotá, Uribe recupera su libertad plena mientras se define la apelación de fondo, y su situación jurídica da un giro significativo. El fallo también marca un precedente en la interpretación de las medidas de aseguramiento, la motivación judicial y el alcance de la presunción de inocencia en procesos de alta relevancia política.
Este desenlace modifica el escenario político y jurídico en Colombia, especialmente de cara a las elecciones previstas para 2026, en las que Uribe y su partido —Centro Democrático— tienen un papel central. Aunque la sentencia de segunda instancia aún podría ser objeto de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia, el revés completo del fallo de primera instancia es una señal clara de que el proceso ingresó en una nueva fase de redefinición legal.
