La plenaria del Senado de la República aprobó este viernes, durante una sesión virtual, una proposición para citar a debate de control político a la totalidad del gabinete ministerial del Gobierno Nacional. La decisión busca que los altos funcionarios expliquen de manera detallada las motivaciones, el impacto fiscal y los alcances jurídicos del decreto de emergencia económica y social expedido recientemente por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa legislativa establece la obligatoriedad de la comparecencia de todos los ministros del despacho para rendir cuentas ante el país sobre esta medida excepcional.
La proposición fue liderada por el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, quien argumentó la necesidad de transparencia inmediata sobre las determinaciones del Ejecutivo. A esta solicitud se adhirieron las bancadas del Partido Conservador y el Centro Democrático, consolidando un bloque mayoritario que exige claridad sobre la situación financiera del Estado. De manera significativa, la senadora Isabel Cristina Zuleta, integrante del Pacto Histórico, coalición de gobierno, respaldó la citación asegurando que este espacio es fundamental para que la ciudadanía conozca la realidad fiscal que atraviesa la nación.
El debate de control político ha sido programado para realizarse en sesión extraordinaria el próximo lunes 29 de diciembre. Durante esta jornada, los titulares de las carteras deberán exponer los argumentos técnicos y económicos que justifican la declaratoria de emergencia, un mecanismo constitucional que otorga facultades especiales al Presidente, pero que requiere una estricta vigilancia por parte del Congreso para garantizar el equilibrio de poderes y la legalidad de los decretos legislativos derivados.
La aprobación de la citación se dio en medio de un cruce de declaraciones entre el legislativo y el ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, había manifestado previamente que el Congreso no debía adelantar el debate sin haber recibido primero el informe oficial sobre la emergencia por parte del Gobierno. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, desestimó esta postura y reafirmó la autonomía del legislativo para ejercer sus funciones de control, señalando que el objetivo primordial es que el país conozca la posición del Senado y la supervisión que se está ejerciendo sobre las decisiones presidenciales.
Diversos congresistas han expresado su escepticismo frente a la medida adoptada por la Casa de Nariño, sugiriendo que, a su juicio, no existirían razones suficientes ni hechos sobrevinientes que validen la declaratoria de una emergencia económica en este momento. La sesión del próximo lunes se perfila como un escenario clave para definir la legitimidad política de la medida y esclarecer las dudas existentes sobre el manejo de las finanzas públicas y las proyecciones económicas del Gobierno para el cierre del año 2025 y el inicio de 2026.
