Este jueves 24 de julio el paro nacional arrocero llegó a su fin tras 11 días de bloqueos, luego de que el Gobierno y el Comité Nacional del Paro Arrocero firmaran un acuerdo que desbloquea las principales vías del país. El pacto se alcanzó en el marco de un diálogo constructivo liderado por el Ministerio de Agricultura junto con los Ministerios de Comercio, Interior y otras entidades del Estado.
El núcleo del entendimiento gira en torno a la regulación técnica del precio de compra del arroz paddy verde, fijado mediante un régimen de libertad regulada. La propuesta incluye una fórmula de cálculo que cubre los costos de producción sin generar utilidad, y ya fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio para su estudio legal.
El acuerdo también contempla medidas complementarias como herramientas de defensa comercial contra importaciones, establecimiento de una comisión técnica para apoyo a productores, revisión de la tarifa del uso del agua (TUA) con el Ministerio de Ambiente, además de control en centros de acopio por DIAN y Policía Fiscal.
Uno de los elementos más destacados fue la fijación de un precio de referencia de 198.686 pesos por carga de arroz paddy verde para las regiones del Huila y Tolima, valor que fue acordado con líderes locales como Alcy Cortés, representante arrocero en Campoalegre.
Con la firma del acta oficial, el Comité del paro declaró concluida la movilización e instruyó el retiro de bloqueos en todo el país. No obstante, los productores advirtieron que mantiene la posibilidad de reactivar protestas si perciben incumplimientos en los compromisos alcanzados.
Este acuerdo representa una respuesta integral a una crisis sostenida por los bajos precios del grano que ha afectado la rentabilidad del sector desde junio, coincidiendo con una cosecha clave correspondiente al 70 % de la producción anual. La negociación involucró también al Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Pueblo como garante del proceso.
El levantamiento del paro no solo restablece la movilidad en el país, sino que abre camino para que el sector arrocero acceda a una regulación más transparente y sostenible. En los próximos días se espera la aprobación formal de la resolución por parte de la SIC y su implementación efectiva, lo que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre productores y entidades industriales del agro colombiano.
