La reforma pensional, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta su mayor desafío legal. La Corte Constitucional estudia su posible inconstitucionalidad tras la radicación de una ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que se señalan fallas en su trámite legislativo.
Si la Corte decide tumbar la reforma, miles de afiliados podrían quedar en una situación de incertidumbre, especialmente aquellos que aprovecharon la “ventana de traslado” entre los regímenes público y privado. Además, la anulación del proyecto pondría en jaque la implementación del nuevo modelo pensional, prevista para el 1 de julio de 2025.
El magistrado Ibáñez argumenta que la reforma tiene vicios de forma y fondo en su trámite legislativo, señalando que vulneró el principio de consecutividad. Esto se debe a que en la Cámara de Representantes fue aprobada sin el debate necesario tras los cambios introducidos en el Senado, lo que se conoce como “pupitrazo”. Esta omisión podría llevar a la Corte a declarar la norma inexequible, invalidando todo el proceso legislativo.
Uno de los principales cuestionamientos proviene de la senadora Paloma Valencia, quien denunció la rapidez con la que se aprobó la reforma en su último debate en la Cámara:
“Es que uno no puede simplemente pupitrear. Había congresistas que es la primera vez que conocían de la reforma porque no estaban en la Comisión Séptima”, afirmó Valencia.
¿Qué pasará si la Corte tumba la reforma?
Si el alto tribunal decide declarar inconstitucional la reforma, el país se enfrentaría a varios escenarios:
- Anulación total: La Corte podría declarar inexequible la reforma, dejando sin efecto todo el trámite legislativo y obligando al Gobierno a replantear el proyecto.
- Corrección del trámite: En lugar de tumbarla completamente, la Corte podría ordenar al Congreso subsanar los errores y repetir parte del proceso, lo que retrasaría su implementación.
- Aprobación sin cambios: Existe la posibilidad de que la Corte avale la reforma tal como está, permitiendo su entrada en vigor sin modificaciones.
El impacto de una eventual anulación sería significativo, pues más de 44.000 personas tomaron decisiones financieras basadas en la reforma, como cambiarse de régimen pensional. Según el analista económico Víctor Grosso, si el fallo se produce después del 1 de julio, el problema sería aún mayor, ya que Colpensiones y el nuevo Fondo de Ahorro del Banco de la República ya estarían recibiendo cotizaciones bajo las nuevas reglas.
“Para ese momento ya estarían llegando cotizaciones nuevas y multimillonarias a Colpensiones y al nuevo Fondo de Ahorro del Banco de la República”, explicó Grosso a Blu Radio.
Aunque se espera que la Corte Constitucional tome una decisión antes del 28 de mayo, el proceso podría retrasarse debido a un impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo, quien declaró un posible conflicto de interés en el caso.
El futuro de la reforma pensional sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno insiste en su implementación, sectores políticos y expertos jurídicos advierten sobre los riesgos de un fallo en su contra. Lo cierto es que la decisión de la Corte Constitucional será determinante para el rumbo del sistema pensional en Colombia.
