El pasado jueves 29 de mayo, una redada migratoria en un sitio de construcción en Tallahassee, Florida, resultó en la detención de más de 100 trabajadores migrantes, entre ellos ciudadanos de Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. El operativo fue liderado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales y estatales.
La redada tuvo lugar en una obra de construcción de apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Florida. Agentes de HSI, ICE, la Patrulla de Carreteras de Florida, el FBI, la DEA, la ATF, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y el Servicio de Impuestos Internos participaron en la operación. Durante el operativo, los agentes solicitaron identificaciones a los trabajadores y separaron a aquellos sin documentación legal, quienes fueron esposados y trasladados en autobuses a centros de detención.
Según las autoridades, algunos de los detenidos ya habían sido deportados anteriormente o tenían antecedentes penales. Uno de los arrestados fue acusado de resistirse al arresto y enfrenta cargos por asalto a oficiales del orden .
La redada ha generado alarma entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y la comunidad hispana en Florida. La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) denunció el operativo y compartió videos en redes sociales que muestran a los trabajadores siendo detenidos en el lugar de trabajo. En uno de los videos, se observa a una mujer llorando mientras su esposo es llevado por los agentes.
Activistas y abogados han expresado su preocupación por el aumento de las redadas y la implementación de políticas migratorias más estrictas en Florida. Señalan que estas acciones generan miedo e incertidumbre entre las comunidades migrantes, incluyendo a aquellos con estatus legal. Además, advierten sobre posibles violaciones al debido proceso y tácticas engañosas utilizadas durante las detenciones.
Este operativo se enmarca en una serie de medidas migratorias más severas implementadas en Florida bajo la administración del gobernador Ron DeSantis. El estado ha intensificado su colaboración con las autoridades federales para aplicar las leyes migratorias, incluyendo la participación de la Patrulla de Carreteras en redadas y la implementación de leyes que criminalizan aún más a los migrantes indocumentados.
A nivel federal, la Ley Laken Riley, aprobada en enero de 2025, ha ampliado los casos en los que los inmigrantes indocumentados deben ser detenidos obligatoriamente, incluyendo aquellos acusados de ciertos delitos graves. Esta legislación ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles por considerar que viola garantías constitucionales y afecta desproporcionadamente a las comunidades migrantes.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el número exacto de colombianos detenidos ni sobre su situación legal actual. Se espera que los detenidos sean procesados conforme a las leyes migratorias vigentes, lo que podría incluir procedimientos de deportación. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han instado a las autoridades a garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos.
Este operativo refleja una tendencia creciente de redadas migratorias en lugares de trabajo en Florida y ha generado un clima de temor e incertidumbre entre las comunidades migrantes. La situación destaca la necesidad de un debate más amplio sobre las políticas migratorias y su impacto en las comunidades afectadas.
