La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se prepara para definir si llama a juicio y envía a prisión a seis congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en uno de los procesos más sensibles del país.
Según el expediente judicial, el alto tribunal cuenta con nuevas pruebas, entre ellas interceptaciones telefónicas y el “celular estrella” de una exasesora del Ministerio de Hacienda, que supuestamente vinculan a varios parlamentarios con presuntas negociaciones de apoyos legislativos a cambio de contratos de la UNGRD.
Los congresistas bajo posible llamado a juicio incluyen a Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique y otros, quienes en agosto pasado se salvaron de medidas de aseguramiento pero ahora enfrentan la revisión de pruebas más robustas que podrían modificar su situación jurídica.
Este miércoles 4 de marzo la Sala Especial de la Corte analizará la ponencia del magistrado instructor con la que se pretende determinar si existen méritos suficientes para formular acusación formal y enviar a juicio a los investigados por presunto concierto para delinquir, tráfico de influencias y otros delitos conexos al manejo de recursos públicos.
En paralelo, el Consejo de Estado de Colombia decretó la práctica de pruebas y citó audiencias públicas en un proceso de pérdida de investidura contra nueve congresistas, por presuntas violaciones al régimen de inhabilidades y conflicto de intereses relacionados con el caso UNGRD, lo que podría traducirse en la llamada “muerte política” si se comprueba su responsabilidad.
El caso UNGRD, que estalló inicialmente por denuncias de posibles sobornos y manejo irregular de contratos para la atención de desastres naturales, ha ido acumulando un paquete probatorio que incluye mensajes, registros de comunicaciones y testimonios clave que la justicia evaluará esta semana para decidir las posibles acciones penales y políticas contra los implicados.
