La Procuraduría General de la Nación dejó en firme, en fallo de segunda instancia, la destitución e inhabilidad general por el término de nueve años contra dos altos funcionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle. La decisión disciplinaria recae sobre Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques, quienes fueron hallados responsables de graves irregularidades en la contratación destinada al mantenimiento de las zonas verdes de la capital antioqueña.
El Ministerio Público confirmó que los exfuncionarios incurrieron en faltas gravísimas al modificar las condiciones de un contrato interadministrativo suscrito en 2020, cuyo valor ascendía a más de 5.200 millones de pesos. La investigación demostró que se extendió el plazo de ejecución y se adicionaron recursos sin contar con los estudios técnicos y jurídicos necesarios, utilizando la emergencia sanitaria por el Covid-19 como justificación infundada para eludir los requisitos de ley. Esta maniobra administrativa permitió la entrega de recursos a terceros sin la debida idoneidad, lo que derivó en el visible deterioro de los jardines de la ciudad, una situación que generó múltiples denuncias ciudadanas durante el cuatrienio anterior.
Tras conocerse la decisión, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció enérgicamente respaldando la actuación de los entes de control. El mandatario reiteró que este fallo valida las denuncias que su equipo ha venido realizando sobre el manejo de los recursos públicos en la administración pasada. Gutiérrez señaló que la estrategia de retirar el contrato histórico al Jardín Botánico para entregarlo a Metroparques —entidad que no tenía la capacidad técnica para ejecutarlo— no solo facilitó la corrupción, sino que causó un daño ambiental y paisajístico severo a la ciudad, el cual su administración se encuentra actualmente subsanando.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento estableció que los sancionados vulneraron los principios de economía y eficacia de la función pública. Con esta determinación, se cierra la vía gubernativa para los implicados, quienes quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos hasta el año 2034. Este fallo se suma a otras investigaciones en curso que involucran a la antigua gerencia de Metroparques y que, según expertos legales, podrían derivar en nuevas sanciones fiscales y penales en los próximos meses, consolidando uno de los escándalos de corrupción más sonados en la historia reciente de la administración local.
