La Procuraduría General de la Nación ratificó este martes la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, al considerar que declaró injustificadamente desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes. La decisión ya fue firmada por el procurador general y no admite recurso.
La entidad de control disciplinario concluyó que Leyva careció de fundamento legal al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023, pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos exigidos e incluso obtuvo puntaje máximo en la evaluación.
En su fallo, la Procuraduría advirtió que el excanciller desconoció principios esenciales de la contratación pública, como la transparencia, la economía y la responsabilidad. A juicio del Ministerio Público, la decisión vulneró el deber de selección objetiva que debe regir en todos los procesos estatales.
La sanción había sido impuesta previamente en primera instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, la cual, si bien absolvió a Leyva respecto a la declaratoria de urgencia manifiesta, lo halló responsable de declarar injustificadamente desierta la licitación. La defensa apeló por supuestas falencias procesales, pero la Procuraduría desestimó esos argumentos en segunda instancia.
El procurador general Gregorio Eljach suscribió el fallo que dejó la sanción en firme. Con ello, Álvaro Leyva queda impedido de ejercer cargos públicos por una década, lo que marca un precedente en materia de responsabilidad disciplinaria en la contratación estatal.
Este caso se inscribe en una serie de investigaciones vinculadas a la crisis en la expedición de pasaportes en Colombia, que han afectado a otros exministros como Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, quienes también están siendo investigados por el ente de control.
