La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación disciplinaria preliminar contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, por presunta intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales en el proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión fue firmada por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco y fechada el 10 de octubre de 2025. La indagación surge luego de una queja presentada por Uribe Vélez el 17 de septiembre, en la que sostiene que el ministro había difundido mensajes masivos —especialmente por WhatsApp— en los que lo calificaba como “criminal de guerra” y dirigía expresiones ofensivas contra académicos, periodistas y funcionarios aludidos al caso.
Uribe alega que esas expresiones generarían un “ambiente hostil” que podría incidir sobre quienes administra(n) justicia en su proceso, vulnerando su derecho a la defensa y afectando la independencia judicial. Además, afirma que Montealegre, reconocido como víctima en el mismo proceso, incurre en un conflicto al mantener participación pública sin apartarse del cargo.
El documento de la Procuraduría señala que Montealegre “ha promovido mensajes de odio y ha difundido información falsa e inexacta de forma masiva en el crucial momento en el que se define la segunda instancia de su proceso”. La indagación prevé prácticas de pruebas como: llamar a ampliación de queja al expresidente Uribe, solicitar información al Tribunal Superior de Bogotá sobre la acreditación de Montealegre como víctima, oficiar al Ministerio de Justicia para que aporte certificado de nombramiento y hoja de vida del ministro, y requerir al Universidad Externado de Colombia datos relacionados con pronunciamientos del funcionario en blogs institucionales.
El proceso penal de Uribe Vélez, en el que Montealegre figura como víctima acreditada, está en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual tiene previsto dar a conocer su decisión el próximo martes 21 de octubre de 2025. La queja de Uribe argumenta que Montealegre ha sobrepasado los límites permitidos para una víctima al usar su posición institucional para intervenir en el debate público del proceso.
La Procuraduría ordenó que la presente decisión sea notificada al disciplinable y al quejoso, instruyendo que contra ella no procede recurso. El caso queda bajo la tutela de la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, y las diligencias estarán a cargo de la asesora Angélica María Torres García.
