El procurador general de la Nación de Colombia, Gregorio Eljach, pidió formalmente que se presenten pruebas documentadas para respaldar la grave acusación formulada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, en la cual lo señaló como “líder del narcotráfico”.
Eljach declaró que “el señor Presidente de la República representa la unidad de los colombianos, merece todo nuestro respeto, nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad”. Además manifestó que “debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer semejante afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia”.
La solicitud del procurador se da en el contexto de una nueva escalada diplomática entre Washington y Bogotá. Este domingo, Trump calificó públicamente a Petro de favorecer la producción masiva de drogas en Colombia y anunció la suspensión de ayudas estadounidenses al país.
La reacción de Colombia se multiplicó. Desde el gobierno nacional se recordó que Petro fue elegido democráticamente y que cualquier imputación de esa magnitud debe sustentarse en evidencias. El ministro de Defensa dijo que las declaraciones del mandatario estadounidense constituían “un irrespeto hacia los colombianos”.
La acusación de Trump sostiene que el narcotráfico “es el mayor negocio de Colombia”, y plantea la suspensión inmediata de la asistencia estadounidense, mientras exige el cierre de lo que llamó “campos de exterminio” vinculados a la producción de drogas en territorio colombiano.
En su pronunciamiento, Eljach recordó el papel institucional de la Procuraduría General de la Nación como representante del interés público y guardian de los derechos sociales y políticos, y enfatizó que el presidente Petro “representa la unidad de los colombianos”.
El episodio plantea riesgos para la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Organismos vinculados a la seguridad han expresado preocupación por el impacto que puede tener la acusación sobre el flujo de ayudas, la inteligencia compartida y los operativos conjuntos.
La tensión diplomática se suma a recientes disputas internas entre el Gobierno colombiano y los órganos de control, en particular entre el ministro de Justicia y el Procurador, lo que complica aún más el contexto institucional.
A esta hora, el Gobierno de Colombia no ha difundido un informe público que refute o documente la acusación de Trump. Tampoco se conoce una respuesta formal de la Casa Blanca sobre las evidencias que respaldan su señalamiento.
