Una investigación de alto impacto publicada por la revista Semana ha sacudido los cimientos de la seguridad nacional al revelar las denuncias de ocho generales del Ejército y la Policía, quienes acusan a la senadora Isabel Cristina Zuleta de interferir sistemáticamente en operaciones militares clave. Según el informe periodístico, titulado «La usurpadora», la congresista del Pacto Histórico estaría asumiendo atribuciones que no le competen, contactando directamente a los comandantes de tropa en el departamento de Antioquia para ordenar la suspensión de maniobras ofensivas contra el Clan del Golfo, bajo el argumento de proteger procesos de paz que carecen de marco legal vigente para un cese al fuego.
El medio de comunicación detalla un modus operandi en el cual la legisladora omite la cadena de mando constitucional, saltándose al Ministro de Defensa y al propio Presidente de la República, para ejercer presión directa sobre coroneles y generales en zonas de alto conflicto. De acuerdo con los testimonios recogidos por Semana, Zuleta realiza llamadas a los oficiales en terreno exigiendo detener avances de artillería o movimientos de tropas, alegando que dichas acciones «ponen en riesgo a la comunidad» o entorpecen supuestos acercamientos humanitarios. Esta conducta ha sido calificada por los altos mandos como una intromisión inaceptable que desautoriza a la institucionalidad castrense y pone en peligro la integridad de los soldados.
La investigación enfatiza que la gravedad de estas interferencias radica en el vacío legal que las rodea. Los generales explicaron al medio que, a la fecha, no existe un decreto presidencial que ordene la suspensión de operaciones ofensivas contra el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Por lo tanto, las presiones de la senadora obligan a la Fuerza Pública a elegir entre cumplir su deber constitucional de combatir el crimen o ceder ante la influencia política de una figura cercana al Gobierno, generando un estado de parálisis e incertidumbre operativa que vulnera la soberanía del Estado en territorios críticos.
El reportaje de Semana señala que las consecuencias de estas intervenciones son tangibles en subregiones como el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste antioqueño. Los oficiales denuncian que, cada vez que se frenan los operativos por exigencia de la congresista, las estructuras criminales aprovechan la pausa para reorganizarse, movilizar cargamentos de cocaína y fortalecer su control sobre la población civil. Lejos de proteger a las comunidades, los militares advierten que esta «tregua de facto» impuesta por Zuleta ha permitido que el Clan del Golfo incremente su capacidad de extorsión y violencia, utilizando a la población como escudo humano bajo la narrativa de la paz.
Asimismo, la publicación expone la frustración al interior de las filas, donde se percibe que la senadora actúa como una «comandante en jefe» en la sombra. Según la revista, Zuleta justifica su accionar en su rol de activista y defensora de derechos humanos, pero los uniformados sostienen que su intervención desborda cualquier función de control político, convirtiéndose en un obstáculo operativo real. Los generales advierten que la información sensible sobre movimientos de tropa termina filtrándose o neutralizándose debido a estas gestiones, lo que compromete el factor sorpresa y la eficacia de la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
Finalmente, la revelación periodística plantea serios interrogantes sobre las posibles consecuencias disciplinarias y penales para la congresista. Expertos consultados por el medio sugieren que Zuleta podría estar incurriendo en una extralimitación de funciones y tráfico de influencias al dar órdenes a la Fuerza Pública sin tener la competencia para ello. Mientras el Ministerio de Defensa mantiene silencio frente a estas acusaciones específicas, la denuncia de los ocho generales publicada por Semana evidencia una fractura profunda entre la cúpula militar y ciertos sectores del partido de gobierno, poniendo en tela de juicio la viabilidad de la seguridad democrática en medio de la implementación de la política de Paz Total.
