El presidente Gustavo Petro defendió este lunes la declaratoria de emergencia económica y el decreto asociado que busca obtener nuevos recursos para afrontar la crisis fiscal y climática que atraviesa el país. A través de sus canales oficiales y en declaraciones a medios nacionales, el mandatario respondió a las críticas de la oposición argumentando que el endeudamiento actual no corresponde a un aumento del gasto de su administración, sino a la obligación ineludible de saldar los compromisos financieros adquiridos por gobiernos anteriores.
El Jefe de Estado fue enfático al señalar que «solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos», refiriéndose al sobreendeudamiento heredado, particularmente aquel derivado de los créditos tomados durante la pandemia y la gestión del expresidente Iván Duque. Según la tesis expuesta por Petro, el espacio fiscal de la nación se ha visto asfixiado por los vencimientos de estos créditos internacionales, lo que, sumado a la negativa del Congreso de aprobar la Ley de Financiamiento completa, obligó al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias.
En su defensa del decreto, Petro delineó claramente de dónde deben provenir los fondos necesarios para atender la situación de desastre nacional provocada por la ola invernal y la crisis presupuestal. El mandatario aseguró que «los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos», rechazando cualquier propuesta que implique gravar a los sectores populares o a la clase media trabajadora. Esta postura reafirma su política de justicia tributaria, donde la carga impositiva adicional recae sobre los capitales más altos e improductivos del país.
La declaratoria de emergencia económica permite al Gobierno realizar traslados presupuestales y conseguir financiación de manera más ágil para atender a las comunidades damnificadas en departamentos críticos como Chocó, La Guajira y la Alta Guajira. Sin embargo, el mecanismo ha generado un intenso debate jurídico y político, pues sectores de la oposición advierten sobre los riesgos de gobernar vía decreto y cuestionan la veracidad de las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda respecto al tope de la deuda.
El presidente concluyó su intervención reiterando que la reactivación económica y la atención humanitaria no pueden detenerse por trabas burocráticas o políticas. Insistió en que la medida es una respuesta constitucional ante una «situación de hecho» que supera la capacidad ordinaria del Estado, y advirtió que sin estos recursos adicionales, financiados por los sectores más pudientes, sería imposible cumplir con las obligaciones de pago de deuda externa sin sacrificar la inversión social fundamental para la equidad en Colombia.
