El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado una contundente advertencia que agita nuevamente el panorama político y social del país: si el Congreso de la República no aprueba su controversial proyecto de reforma a la salud, su gobierno procederá a intervenir todo el sistema. La declaración, emitida a través de sus redes sociales y en alocuciones públicas, se fundamenta en un reciente y crítico informe de la Contraloría General de la República, que destapa la grave crisis financiera que atraviesan la mayoría de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El mandatario aseveró que, a la luz de la Constitución y la ley, y con base en los hallazgos del ente de control, la intervención sería un paso necesario y justificado. “Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley, donde las actuales EPS puedan tener otro papel, ya no asegurador”, sentenció el presidente. El informe de la Contraloría revela que un 89% de los afiliados en Colombia pertenecen a EPS que no cumplen con los indicadores de solidez financiera, acumulando pasivos que superan los 30 billones de pesos y poniendo en jaque la prestación de servicios a millones de usuarios.
La propuesta de reforma a la salud del gobierno, que ya superó su debate en la Cámara de Representantes y ahora enfrenta un decisivo trámite en el Senado, busca transformar radicalmente el modelo de aseguramiento. El proyecto plantea que las EPS dejen su rol de intermediación financiera para convertirse en gestoras y prestadoras de servicios, mientras que la administración de los recursos públicos pasaría a ser controlada directamente por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). El objetivo, según el Ejecutivo, es eliminar la intermediación, optimizar el flujo de dinero hacia hospitales y clínicas, y priorizar un modelo preventivo y de atención primaria.
Las reacciones a la advertencia presidencial no se han hecho esperar. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), principal gremio de las EPS, ha desmentido las cifras de deuda mencionadas por el presidente y ha calificado la amenaza de intervención como una medida de presión indebida sobre el legislativo. Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, sostuvo que la crisis se debe a una desfinanciación estructural por parte del mismo gobierno y que una intervención masiva podría colapsar la atención. Por su parte, Keralty, dueña de la intervenida Sanitas, anunció que emprenderá acciones legales contra el mandatario por sus señalamientos.
Desde la otra orilla, las organizaciones de pacientes han manifestado una profunda preocupación. Voceros de la plataforma Pacientes Colombia han advertido que una intervención total podría generar un caos en la continuidad de los tratamientos y el acceso a medicamentos, basándose en experiencias previas con EPS intervenidas que, según denuncian, han deteriorado la calidad del servicio. Piden al gobierno y al Congreso actuar con celeridad y responsabilidad, centrando el debate en garantizar el derecho a la salud de los colombianos sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.
Expertos en políticas de salud y analistas económicos han señalado los enormes desafíos que implicaría una intervención estatal a esta escala. Advierten sobre la capacidad logística y técnica del Estado para asumir de manera abrupta la gestión de la salud de casi 50 millones de personas, un proceso que podría derivar en graves fallas administrativas, demoras en la atención y un impacto social y económico de proporciones mayúsculas. Mientras tanto, el futuro del sistema de salud colombiano pende del complejo ajedrez político que se juega en el Senado, con la advertencia presidencial como una espada de Damocles sobre el debate.
