El hombre identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina —alias “Coroncoro”—, cuya muerte en septiembre en una operación militar de EE.UU. en aguas del Caribe desató una crisis diplomática entre Bogotá y Washington, había sido vinculado en 2015-2016 a un robo masivo de armas que involucró a la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Entre marzo y septiembre de 2015, la Fiscalía General de la Nación – Seccional 19 del Magdalena investigó la desaparición de 264 armas de fuego incautadas por la Sijín de Santa Marta. El expediente determinó que hubo falsificación de firmas de fiscales, retiros ilegales de armas y entrega de los artefactos a la organización criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra (antes conocida como Los Pachenca).
Carranza, señalado como civil único implicado que aceptó cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y hurto agravado, fue capturado junto a otros seis implicados —incluido el mayor en la Sijín de Santa Marta, Rolando Pinzón García— en ese caso.
El hallazgo de estos antecedentes cobra relevancia en el actual enfrentamiento diplomático entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Petro denunció que Carranza era un pescador humilde abatido por un ataque estadounidense que violó la soberanía nacional, mientras Washington asegura que la embarcación atacada transportaba cocaína.
Los familiares de Carranza sostienen que él laboraba como pescador en el barrio Gaira de Santa Marta y aseguran que reconocieron su lancha en los videos del hecho ocurrido el 16 de septiembre. Sin embargo, la existencia de su vinculación judicial complica el reclamo de que se tratara únicamente de un pescador inocente.
En este contexto, analistas en derecho internacional advierten que la credibilidad del reclamo colombiano puede verse afectada por el pasado judicial de la persona involucrada, aunque señalan que la discusión central es si un país extranjero puede atacar una embarcación en aguas en disputa sin notificación o coordinación previa.
La Cancillería colombiana aún no ha dado a conocer un comunicado oficial específico que detalle cómo procederá en el caso, mientras las tensiones con Washington continúan incrementándose tras otras declaraciones del expresidente Donald Trump y medidas anunciadas desde EE.UU. hacia Colombia.
La aparición de estos antecedentes judiciales obliga a replantear varios puntos clave del caso: la identidad precisa de la persona abatida, su posible vinculación con actividades ilícitas, la jurisdicción del ataque, y la transparencia de los procesos diplomáticos y judiciales que se deriven del hecho.
La investigación judicial del caso del robo de armas en Santa Marta continúa siendo un expediente abierto, en el que la mayoría del armamento nunca fue recuperado y cuyos responsables principales aún no han sido condenados plenamente.
