El partido de oposición Centro Democrático oficializó este 24 de diciembre de 2025 la presentación de una acción de tutela contra el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida judicial, liderada por la senadora Paloma Valencia y el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, busca que un juez constitucional ordene la suspensión inmediata de los efectos del decreto, calificándolo como una maniobra arbitraria e inconstitucional que pretende imponer cargas tributarias adicionales a la ciudadanía sin el debido trámite legislativo.
La solicitud central del recurso de amparo se enfoca en frenar la aplicación de la norma presidencial mientras transcurre la vacancia judicial. Los demandantes argumentan que permitir que el decreto tenga vigencia sin que la Corte Constitucional pueda ejercer su control automático —dado el receso de fin de año— constituye un riesgo grave para los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. Por ello, piden que la suspensión se mantenga vigente al menos hasta que el alto tribunal retome sus funciones y pueda estudiar de fondo la medida.
Dentro de las peticiones específicas elevadas ante la justicia, el Centro Democrático solicitó que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abstenerse de realizar cualquier cobro, recaudo o exigencia de nuevos impuestos derivados de esta declaratoria. La oposición sostiene que el Ejecutivo no puede instrumentalizar una figura de excepción para decretar medidas fiscales que afectan directamente el bolsillo de los colombianos, bajo el pretexto de financiar el gasto gubernamental.
El documento jurídico presentado advierte sobre una presunta extralimitación de funciones por parte del Presidente, argumentando que la situación económica actual no cumple con los requisitos constitucionales para un estado de excepción. Según la tutela, la emergencia no obedece a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales que eran ampliamente conocidos por la administración. Bajo esta lógica, los accionantes consideran que el uso de esta herramienta es abusivo, pues busca gobernar por decreto evadiendo los controles institucionales ordinarios.
