Una nueva polémica en materia de contratación estatal sacude al Gobierno Nacional tras la denuncia realizada por la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la Unidad para las Víctimas. Según la congresista, la entidad habría adjudicado un contrato por un valor de $112.455 millones de pesos mediante la figura de contratación directa, evadiendo con ello el proceso de licitación pública que garantiza la transparencia y la pluralidad de oferentes.
El contrato en cuestión fue suscrito el pasado 17 de enero de 2026 bajo la modalidad de convenio interadministrativo con la Corporación Colombia Digital. La denuncia de la legisladora sostiene que esta figura jurídica fue utilizada de manera estratégica para cerrar la puerta a empresas privadas que podrían haber ofrecido mejores condiciones de precio y capacidad técnica. Lo que agrava la situación, según los documentos expuestos, es que la entidad contratada se especializa exclusivamente en servicios tecnológicos y carece de la habilitación legal necesaria para prestar servicios jurídicos.
A pesar de la naturaleza tecnológica del contratista, el objeto del acuerdo lo obliga a atender requerimientos netamente judiciales, tales como tutelas, acciones de cumplimiento, procesos de restitución de tierras y asuntos relacionados con la justicia transicional. La meta establecida en el documento contractual asciende a la gestión de 12.505 requerimientos para el año 2026, una carga operativa para la cual, según los estudios previos citados por Valencia, la propia Unidad de Víctimas reconoció que el contratista no estaba especializado ni inscrito para tal fin en el Registro Único de Proponentes.
La investigación de la oficina de la senadora reveló que el proceso de selección fue altamente restrictivo, al punto de que solo se presentaron tres ofertas: dos correspondientes a empresas tecnológicas sin capacidad jurídica y una de una persona natural que no cumplía con los requisitos mínimos. Esta situación dejó el camino libre para la adjudicación a la Corporación Colombia Digital, pese a las falencias técnicas advertidas en el componente legal que exige la defensa de la entidad.
Para Paloma Valencia, este caso no es un hecho aislado, sino que evidencia un «abuso reiterado» de los contratos interadministrativos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La candidata afirmó que esta práctica busca la contratación «a dedo», eliminando la competencia y encareciendo los servicios públicos. En su pronunciamiento final, la congresista aseguró que tomará las medidas necesarias para detener lo que calificó como un desastre administrativo en el manejo de los recursos destinados a las víctimas del conflicto.
