La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia ha emitido una grave alerta sobre el funcionamiento de lo que califica como un «fondo paralelo» al interior del Ministerio de Igualdad. Según la denuncia presentada por la congresista, este mecanismo estaría siendo instrumentalizado por el Gobierno Nacional para crear una masiva red de contratación directa, con el presunto objetivo de incidir en los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 mediante el uso de recursos públicos.
La investigación de Valencia se centra en la firma de cuatro contratos con la empresa Laborando S. A. S., por un valor acumulado de 70.582 millones de pesos. Estos acuerdos tienen como finalidad la vinculación de al menos 3.304 trabajadores temporales, cuyas labores se ejecutarían estratégicamente entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, coincidiendo con el calendario electoral. De este personal, la mayoría (3.146 personas) estaría destinada al programa Jóvenes en Paz, mientras que el resto se distribuiría entre el Sistema de Violencia Basada en Género y otros programas como Agua es Vida.
Uno de los puntos más críticos expuestos por la senadora es la desproporción en el crecimiento de la planta de personal. Según sus cálculos, esta «nómina paralela» representa un aumento del 493 % en comparación con la estructura formal del Ministerio. Además, Valencia contrastó la ejecución presupuestal, señalando que mientras la cartera destinó 56.195 millones de pesos para su nómina oficial entre enero y noviembre de 2025, el fondo paralelo comprometió más de 70.000 millones en un periodo de apenas seis meses, superando en un 125 % el gasto regular de la entidad en salarios.
La denuncia también abarca irregularidades en la contratación logística para la realización de eventos. La congresista reveló la existencia de dos contratos adicionales por valor de 68.949 millones de pesos, firmados directamente por el fondo y no por el Ministerio. Esta maniobra habría permitido evadir los requisitos de licitación pública exigidos por la Ley 80, facilitando la entrega de anticipos del 20 % y 30 % —equivalentes a más de 15.000 millones de pesos— sin los controles habituales de transparencia.
Finalmente, Paloma Valencia advirtió sobre un «oscurantismo» total en la gestión de estos recursos, denunciando que en la plataforma Secop no se encuentran disponibles documentos esenciales como facturas, informes de supervisión, anexos técnicos ni las propuestas de los contratistas. Para la senadora, la ausencia de soportes y la magnitud de las cifras evidencian una «feria de derroche y burocracia» diseñada para aceitar la maquinaria política del oficialismo en plena antesala de la contienda democrática.
