Por: Juan José Gómez
El próximo domingo 8 de marzo, según el calendario electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los colombianos seremos convocados a las urnas para elegir a los senadores y representantes que integrarán el Congreso de la República durante el periodo legislativo que inicia el 20 de julio de 2026. Aunque la atención mediática y ciudadana suele concentrarse en la elección presidencial, conviene recordar que el Congreso es el corazón normativo y de control político del país. Allí se expiden las leyes que rigen nuestra vida colectiva, se reforman los pilares fundamentales de la Constitución y se vigila el ejercicio del poder ejecutivo. En suma, se decide buena parte del rumbo de la nación.
Sin embargo, la cultura política colombiana ha relegado la elección de congresistas a un segundo plano, como si se tratara de un trámite menor. Nada más equivocado. El Congreso no es un escenario decorativo: es la institución que, en teoría, debería garantizar el equilibrio de poderes y la representación de las regiones. Por ello, resulta indispensable que los ciudadanos asumamos con seriedad la tarea de escoger a quienes ocuparán esas curules. No basta con seguir la recomendación de un amigo, un copartidario o un líder local. Se requiere un examen riguroso de las hojas de vida, de las trayectorias y de las verdaderas intenciones de quienes aspiran a representarnos.
La experiencia nos ha demostrado que, en vísperas de cada elección, aparecen candidatos desconocidos que llegan a los municipios con discursos floridos y promesas grandilocuentes. Prometen universidades donde apenas existen escuelas rurales en ruinas, puentes donde no hay río, o proyectos de desarrollo que nunca se materializan. Tras la jornada electoral, desaparecen hasta la siguiente campaña. Muchos de ellos, además, arrastran antecedentes cuestionables en el manejo de lo público, con cuentas pendientes ante la justicia. Ese ciclo de engaño y desilusión ha contribuido al subdesarrollo que padecemos y ha profundizado la desconfianza ciudadana en las instituciones.
No podemos seguir permitiendo que el Congreso se convierta en un refugio de intereses personales y familiares. La politiquería electoral, esa práctica de vender conciencias y votos al mejor postor, ha degradado la función parlamentaria y ha convertido a algunos congresistas en verdaderos padrastros de la patria: usufructuarios de privilegios, acumuladores de riquezas inmerecidas y ausentes de las necesidades reales de sus electores. Mientras tanto, los municipios —núcleo fundamental del Estado— siguen esperando apoyo para resolver problemas básicos de infraestructura, educación y salud.
Es hora de despertar de ese sueño peligroso. Los colombianos debemos votar con responsabilidad y acierto, investigando la trayectoria de los candidatos, dialogando con ellos sobre sus propuestas y exigiendo compromisos verificables. No se trata de un acto simbólico, sino de una decisión que impacta directamente en la calidad de nuestra democracia y en la vida cotidiana de nuestras comunidades. El voto informado es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar la política y rescatar la dignidad del Congreso.
La patria, que aún lucha por superar la desigualdad y consolidar una verdadera democracia, necesita representantes honorables, capaces y comprometidos con el bien común. Y también requiere que aquellos que han traicionado la confianza ciudadana, que han convertido el servicio público en un negocio privado, enfrenten las consecuencias de sus actos en los estrados judiciales y, de ser necesario, en los establecimientos carcelarios del INPEC. Solo así podremos empezar a limpiar la política de los vicios que la han corroído y devolverle al Congreso su papel de auténtico garante de la voluntad popular.
La elección que se avecina no es un trámite más. Es una oportunidad para que los hijos de Colombia sacudan las viejas prácticas de la politiquería y construyan, con su voto consciente, un Congreso digno de la nación que aspira a ser y que merece realizar esa aspiración.
