El presidente Gustavo Petro anunció este 24 de julio, a través de su cuenta de X, que da por concluido el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras siete meses de suspensión iniciada en enero debido a una escalada de violencia en la región del Catatumbo. Según Petro, los recientes ataques y secuestros perpetrados por la guerrilla justifican la ruptura definitiva con las negociaciones.
El mandatario indicó que el ELN «atacó a sangre y fuego a civiles de manera sistemática», provocando decenas de muertes entre campesinos nortesantandereanos. Atribuyó estas acciones no a motivaciones ideológicas, sino a disputas por economías ilícitas, hoy controladas por redes criminales transnacionales. El punto de quiebre fue el secuestro de dos agentes de la Dijín en Tame, Arauca, lo que motivó su advertencia al grupo guerrillero sobre la responsabilidad jurídica y humanitaria por los prisioneros.
El conflicto en Catatumbo ha estado marcado por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, con un saldo superior a 100 muertos y más de 50 000 civiles desplazados desde enero. En enero, Petro ya había declarado que los hechos en la zona constituían «crímenes de guerra» y suspendió las conversaciones, advirtiendo que no se retomaría sin una manifestación clara de voluntad de paz por parte de la guerrilla.
La delegación del ELN respondió en junio señalando que carece de interlocutor gubernamental que garantice continuidad en los diálogos, aunque no ha reconocido oficialmente la ruptura total del proceso. De hecho, no se han logrado restablecer ni garantías mínimas de cese al fuego bilaterales.
Con el fin del proceso de paz, el Gobierno ha advertido que procederá a responsabilizar al ELN por la situación de los prisioneros bajo su custodia y podría desplegar acciones judiciales y militares. Para analistas y sectores de derechos humanos, la decisión representa un giro hacia una estrategia de seguridad más estricta, basada en confrontación y control territorial.
