La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia lideró este miércoles 3 de diciembre un contundente debate de control político en el Senado, donde reveló presuntas irregularidades que vincularían a miembros de la Fuerza Pública con actividades proselitistas a favor de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Durante la citación, que tenía como objetivo inicial cuestionar los supuestos nexos entre funcionarios del Gobierno y las disidencias de alias ‘Calarcá’, la congresista del Centro Democrático expuso lo que calificó como una violación a la Constitución por parte de oficiales de alto rango.
El punto álgido de la argumentación de Valencia se centró en una reunión realizada en 2022, en la que, según su denuncia, participó el actual senador Iván Cepeda junto a altos mandos militares, entre ellos el coronel Juan Carlos Mazo y los generales Juan Miguel Huertas y Henry Pinto, además de Alfonso Manzur y el director de ‘Veteranos por Colombia’. Valencia sostuvo que este encuentro evidencia cómo se utilizó a la institucionalidad armada para fines electorales, rompiendo la neutralidad exigida por la ley.
En su intervención, la senadora explicó el modus operandi que denominó como una «trampota» institucional. Según sus palabras, el mecanismo consistió en que miembros de la Fuerza Pública se retiraran temporalmente para hacer política activa en la campaña del Pacto Histórico, para luego ser reincorporados o premiados con cargos estratégicos en el actual Gobierno. «Los pusieron a hacer política, campaña por Petro y violando en mi opinión la Constitución. El mecanismo es maravilloso: se retiran, hacen política y luego usted los reincorpora», aseveró con indignación desde su curul.
La denuncia de Valencia buscaba demostrar que esta politización ha debilitado la capacidad de respuesta del Estado frente a grupos armados ilegales, facilitando escenarios de supuesta connivencia con las disidencias, tema central de la citación al Ministro de Defensa y al director de la DNI. La congresista argumentó que la seguridad nacional se ha visto comprometida por estas alianzas políticas previas, exigiendo explicaciones claras sobre la presencia de Cepeda en dichas reuniones estratégicas con uniformados.
Fue precisamente esta revelación directa contra Cepeda lo que detonó la reacción del senador oficialista, quien intentó deslegitimar el debate trayendo a colación la condena contra Santiago Uribe Vélez. Ante el intento de Cepeda de desviar la atención de las denuncias sobre el Ejército, y tras pedirle reiteradamente que se «calmara», Valencia defendió su derecho al control político con una frase que paralizó la plenaria: “No me vaya a mandar a matar”.
A pesar del fuerte altercado personal, la senadora insistió en que el foco del debate no debía perderse: la presunta instrumentalización de las Fuerzas Militares para llegar al poder y la posterior gestión de la seguridad bajo sospechas de pactos con criminales como alias ‘Calarcá’. La oposición cerró filas respaldando las pruebas presentadas por Valencia, calificándolas de gravedad absoluta para la democracia colombiana.
