El hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgos, reconoció públicamente que recibió 1.300 millones de pesos durante la campaña presidencial de 2022, pero aseguró que se trató de “un error” y no de un delito. En una entrevista exclusiva con la revista Cambio, el exdiputado del Atlántico afirmó que esos recursos eran “lícitos” y que parte de ellos se destinaron a la compra de bienes personales.
“Puedo decir que sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes”, declaró.
“Son 1.300 millones, están en mi declaración de renta”, agregó, insistiendo en que “haber cometido errores no significa haber cometido delitos”.
El hijo mayor del mandatario sostuvo que el dinero no provino de fuentes ilegales ni fue utilizado para fines ilícitos dentro de la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Según su versión, los recursos se emplearon en gastos personales y no constituyen prueba de enriquecimiento ilícito ni lavado de activos, como sostiene la Fiscalía General de la Nación.
Durante la entrevista, Nicolás Petro apuntó directamente contra su expareja, Day Vásquez, a quien responsabilizó de haberse quedado con la totalidad del dinero y de manipular la justicia para obtener beneficios legales.
“Toda la plata se la quedó Day Vásquez. Fueron ante un juez de la República a engañarlo para que le aprobaran un principio de oportunidad”, aseguró.
El exdiputado afirmó que Vásquez habría usufructuado los bienes adquiridos con el dinero y que su caso judicial fue manipulado con fines políticos por la administración del entonces fiscal general Francisco Barbosa. Sostuvo que la Fiscalía buscó montar una negociación falsa para obtener declaraciones en su contra y filtrarlas a los medios de comunicación.
Petro Burgos anunció además que denunciará a Barbosa por presunta extorsión y abuso de poder, al considerar que su proceso fue usado como herramienta de presión política contra el Gobierno nacional.
El proceso contra Nicolás Petro surgió tras las declaraciones de Day Vásquez en marzo de 2023, cuando aseguró que él había recibido dinero de empresarios y narcotraficantes del Caribe con el propósito de financiar la campaña presidencial. Aunque Petro Burgos fue capturado y posteriormente liberado bajo condiciones judiciales, el caso continúa activo y en etapa de juicio.
Las declaraciones del hijo del presidente reavivan la polémica sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro y los eventuales vínculos con dineros no declarados. Diversos sectores políticos han pedido que se esclarezca la procedencia exacta de los fondos y se garantice transparencia en el proceso judicial.
El Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la entrevista. Sin embargo, desde el Palacio de Nariño se ha insistido en que el presidente no tiene responsabilidad alguna en los hechos y que el proceso de su hijo se desarrolla de manera independiente, bajo el principio de separación de poderes.
Mientras el caso de Nicolás Petro genera nuevas controversias internas, el presidente Gustavo Petro enfrenta también cuestionamientos internacionales. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos criticó duramente la política de paz de su gobierno y advirtió que podría revisar su apoyo al Acuerdo de Paz en Colombia.
El representante estadounidense Mike Waltz acusó al Ejecutivo colombiano de usar una “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que “socavan los avances hacia una paz duradera”. Washington cuestionó además la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, señalando que ha pasado de centrarse en la desmovilización de las FARC a promover “prioridades políticas” como la justicia transicional y la inclusión de minorías.
En respuesta, el presidente Petro defendió la soberanía nacional y sostuvo que el Consejo de Seguridad “no tutela la política de paz de Colombia”. Afirmó que su gobierno continuará implementando una paz total “sin condicionamientos externos”.
La admisión de Nicolás Petro y las tensiones diplomáticas con Estados Unidos ocurren en un momento delicado para el Ejecutivo. Por un lado, el escándalo familiar vuelve a poner en duda la transparencia de la campaña presidencial; por otro, las críticas internacionales amenazan el respaldo político y financiero que Colombia recibe en materia de paz y seguridad.
Analistas coinciden en que estos episodios podrían impactar la imagen del mandatario y aumentar la presión sobre su administración, justo cuando se acercan definiciones políticas clave en el país.
En medio de la tormenta judicial y diplomática, el presidente Petro ha guardado silencio sobre las declaraciones de su hijo, mientras la justicia avanza en un caso que promete seguir marcando la agenda nacional.
