Por: Rafael Nieto Loaiza
La primera sentencia de la JEP sobre secuestro es penosa. Primero, por su demora. Casi ocho años para repetir lo que ya sabíamos y sobre lo que ya había innumerables condenas en la jurisdicción ordinaria: que las Farc fueron secuestradores feroces y sin freno. 21.396 reconocidos. Después, porque las “penas” impuestas son de chiste y además la JEP usa un doble estándar. Nos advirtieron que las “sanciones» serían simbólicas y que no habría cárcel. Pero ocurre que la JEP debería haber impuesto una verdadera restricción de libertad y no lo hizo. Tenía que haber determinado que los responsables quedaran confinados a un espacio no mayor a 15 hectáreas («un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias”, dice la norma). Pero seguirán moviéndose con libertad por todo el territorio nacional. Una burla y una violación a la misma ley de la JEP. También debería haber suspendido los derechos políticos de los criminales y tampoco lo hizo, de manera que podrán, por ejemplo, participar en las elecciones del próximo año. En cambio, a los militares sancionados en el caso de “falsos positivos” en el Caribe sí les establecieron esas restricciones. Finalmente porque, como si no bastara, la decisión de la JEP establece que el Estado, es decir nosotros, tenemos que seguir pagándole a los bandidos carros blindados, escoltas y manutención y otras gracias monetarias. No contaron la verdad, no repararon, sus compañeros siguieron delinquiendo, tienen privilegios políticos y económicos que no tenemos quienes jamás hemos delinquido, los mantenemos…
La sentencia es abiertamente contraria al derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad y de guerra no pueden quedar en impunidad de facto. No basta con una sentencia formal, con una simulación de justicia. Ni siquiera en los casos de justicia transicional. Por eso la Fiscalía de la Corte Penal Internacional advirtió en su examen preliminar sobre Colombia que para hacer compatible el pacto con las Farc con el Estatuto de la Corte es indispensable que las restricciones a la libertad sean “efectivas”, no este remedo. Se abre, entonces, la posibilidad de acudir a la justicia internacional si la misma Jurisdicción no corrige en las apelaciones que presentaron las víctimas.
La sentencia, además, ratifica las preocupaciones de quienes advertimos que el acuerdo garantizaba la impunidad de los crímenes de las Farc y no aseguraba la paz. Así ha sido. Las Farc, disidencias y reincidencias, campean a lo largo y ancho del país, financiadas por la cocaína que nos inunda también por cuenta de ese pacto.
Lo de Petro en Nueva York es escandaloso y una vergüenza. No solo por lo que dijo en la asamblea de Naciones Unidas, donde defendió al Tren de Aragua, idealizó a los narcotraficantes que transportan cocaína y pidió investigar penalmente al presidente de los Estados Unidos, sino por sus intervenciones fuera de la Asamblea. En una propuso hacer una “lista de voluntarios para luchar por la liberación de Palestina” y agregó que, si le tocaba, «iría a ese combate”. En un mitin callejero fue más allá, se designó a sí mismo vocero de la humanidad, se atrevió a pedir a los soldados norteamericanos que desobedecieran a Trump y solicitó que los «jóvenes y granjeros [gringos] apunten sus fusiles a los tiranos y fascistas”.
Unas declaraciones de un extranjero pidiendo que los soldados del país que visita desobedezcan a su presidente y que sus ciudadanos se levanten en armas son inaceptables en cualquier lugar del mundo. Son peores si, además, el extranjero es un jefe de Estado.
El comportamiento de Petro no solo es indigno sino que va en contra de las reglas más elementales de la diplomacia y viola flagrantemente el derecho internacional. Todos los extranjeros tienen el deber de respetar las leyes y autoridades del país donde se encuentren y deben evitar poner en riesgo su seguridad y su orden público. La invitación de Petro a los norteamericanos y sus soldados a la violencia y la rebelión contra su presidente constituye un delito allá y en cualquier parte.
En todo caso, se equivoca de cabo a rabo Petro cuando intenta justificar su comportamiento. Para empezar, por su inmunidad como Jefe de Estado puede decir cualquier cosa en el marco de las Naciones Unidas, pero no por fuera de ella. No está facultado para abusar de esa inmunidad y violar a conciencia la ley norteamericana. Los EE.UU. no lo pueden juzgar, pero sí pueden legítimamente quitarle la visa.
Por lo demás, Petro es vago y cobarde. No va a irse a Gaza jamás. Pero con toda la vergüenza que nos produce y todo el daño que hace, deberíamos hacer una vaca para ver si de verdad nos hace el milagrito.
