La Contraloría General de la República evidenció giros injustificados por $23.426 millones a prestadoras de servicios de salud durante el proceso de intervención a Asmet Salud EPS, según los hallazgos fiscales identificados en una auditoría de cumplimiento adelantada por el ente de control. La revisión evaluó la gestión administrativa, contractual y financiera de la entidad durante las vigencias 2023 y 2024, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De acuerdo con el informe oficial, el principal hallazgo corresponde a transferencias autorizadas por la firma interventora RG Auditores S.A.S., designada por la Superintendencia Nacional de Salud. La Contraloría estableció que esta firma modificó de manera injustificada e ilegal los montos previamente aprobados para pago directo a las instituciones prestadoras de servicios, lo que derivó en desembolsos superiores a los autorizados.
En el proceso de auditoría también se identificó que, de un total cercano a $47.809 millones girados por concepto de pagos directos, al menos 74 prestadores de servicios de salud recibieron recursos por encima de los valores inicialmente reconocidos. La entidad señaló que, aunque Asmet Salud EPS manifestó no haber autorizado dichos pagos, la responsabilidad fiscal se atribuye a la firma interventora que tenía el control administrativo durante el proceso de intervención.
La Contraloría reiteró que, independientemente de que la EPS no haya ordenado directamente los giros, está obligada a adelantar las acciones legales necesarias para recuperar los recursos públicos comprometidos. El organismo de control advirtió que estos recursos pertenecen al sistema de salud y deben ser protegidos como patrimonio público.
Asimismo, el ente fiscal señaló que, tras más de dos años desde la realización de los giros, los recursos aún no han sido recuperados ni reintegrados al sistema. Por esta razón, se compulsaron copias a las autoridades competentes y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades fiscales y garantizar la restitución del dinero.
El informe hace parte de las acciones de vigilancia fiscal sobre las EPS intervenidas, en medio de los procesos de supervisión que buscan asegurar el uso adecuado de los recursos destinados a la atención en salud de millones de afiliados en el país.
