La justicia boliviana ordenó este lunes la captura del expresidente Evo Morales luego de que no se presentara a una audiencia judicial en Tarija dentro del proceso que enfrenta por presunta trata agravada de personas relacionada con una menor de edad. La decisión judicial reactivó la tensión política en Bolivia y volvió a poner al exmandatario en el centro del debate nacional e internacional.
El juez Carlos Oblitas declaró a Morales en rebeldía tras su inasistencia al inicio del juicio oral y emitió una orden de aprehensión junto con medidas de arraigo para impedir su salida del país. La justicia boliviana sostiene que el exmandatario fue debidamente notificado para comparecer ante el tribunal.
La acusación contra Morales se relaciona con una presunta relación que habría sostenido con una adolescente de 15 años durante su mandato presidencial entre 2006 y 2019. Según la investigación, el exmandatario habría tenido una hija con la menor, mientras los padres de la joven son señalados de haber consentido la relación a cambio de favores políticos y beneficios económicos.
La Fiscalía boliviana aseguró que cuenta con más de 170 pruebas dentro del proceso judicial, incluyendo testimonios, documentos y elementos recopilados durante la investigación. El expediente había sido archivado años atrás, pero fue reabierto en 2024 en medio de la ruptura política entre Morales y el actual oficialismo boliviano.
La defensa del exmandatario rechazó nuevamente las acusaciones y calificó el proceso como una “persecución política”. Los abogados de Morales argumentaron que la notificación judicial habría sido irregular y anunciaron acciones ante organismos internacionales.
Desde 2024, Evo Morales permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, considerada su principal bastión político y sindical. En esa zona mantiene el respaldo de sectores campesinos y productores de coca que han impedido en anteriores ocasiones el ingreso de fuerzas de seguridad para ejecutar órdenes judiciales en su contra.
La situación volvió a aumentar la tensión política en Bolivia en medio del distanciamiento entre Morales y sectores cercanos al actual Gobierno. El caso judicial también se desarrolla mientras continúan las disputas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que dominó la política boliviana durante casi dos décadas.
En las últimas horas, seguidores del exmandatario comenzaron a movilizarse en diferentes regiones del país para rechazar la orden de captura y denunciar una supuesta judicialización de la política. Las autoridades bolivianas, por su parte, sostienen que el proceso debe continuar bajo el cumplimiento de la ley y las decisiones judiciales vigentes.
