Una investigación de la revista Semana indica que grupos armados ilegales estarían operando de manera encubierta en universidades públicas de Medellín, con presuntas actividades de financiamiento, coordinación y consolidación de grupos clandestinos entre estudiantes y allegados a organizaciones al margen de la ley.
El reporte señala que investigadores han **recogido pruebas que apuntarían a la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC en la conformación de movimientos estudiantiles que, bajo una fachada académica o de protesta social, actuarían con vínculos ideológicos o logísticos con estas estructuras.
Según el documento, al menos 38 movimientos estudiantiles habrían sido identificados con supuestos nexos con estructuras ilegales, ya sea afiliados directamente a guerrillas, ligados a tendencias del extinto M-19, o clasificados como “núcleos revolucionarios” sin una alianza definida, pero con acciones que podrían favorecer intereses de grupos armados.
El informe destaca que estas agrupaciones no solo se limitarían a organizar protestas, sino que podrían ser utilizadas para posicionar agendas políticas de los grupos criminales, instalar simbología relacionada con ideologías insurgentes, e incluso protagonizar actos de apología al terrorismo o violencia en contextos académicos.
Este fenómeno se habría registrado principalmente en tres instituciones de educación superior de Medellín: la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional sede Medellín y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde las autoridades señalan la presencia de movimientos estudiantiles con posibles vínculos delictivos y político-militares.
Las autoridades de seguridad y académicas estarían analizando estos hallazgos como parte de una investigación más amplia sobre la influencia de estructuras armadas en espacios formales de educación, en un contexto de persistencia de violencia y expansión de grupos ilegales en diversas regiones de Colombia.
El reporte se produce en medio de un aumento generalizado de las acciones de grupos al margen de la ley en el país, situación que según informes internacionales ha incluido diferentes formas de presencia en comunidades, protesta social y estructuras informales de apoyo a actividades criminales.
Hasta ahora no se han divulgado detalles oficiales sobre acciones concretas del Gobierno o las universidades para frenar esta supuesta infiltración, aunque el anuncio de la investigación ha generado inquietud en distintos sectores académicos y de seguridad en Medellín.
