La Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), publicó una circular roja en contra de Carlos Ramón González, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de Colombia el 4 de julio de 2025.
González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector del Partido Verde, es requerido por la justicia colombiana por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
El exfuncionario, quien goza de asilo político en Nicaragua, es señalado como líder de un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde, según la Fiscalía, gestionó pagos de sobornos para asegurar apoyo político en el Congreso mediante recursos públicos.
El Gobierno de Colombia, mediante el Ministerio de Justicia, solicitó formalmente a la Fiscalía que tramite la extradición de González desde Nicaragua, apoyándose en el tratado bilateral de 1929 entre ambos países.
Nicaragua, sin embargo, negó la solicitud de extradición aduciendo que González tiene reconocimiento como asilado político. El país centroamericano invocó principios del derecho internacional sobre asilo político y protección de personas perseguidas por motivos políticos.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó el 4 de septiembre de 2025 la medida de aseguramiento en su contra, y descartó la apelación de la defensa.
La circular roja de Interpol activa los mecanismos de búsqueda internacional en los 196 países miembros para localizar y detener a González, con miras a su entrega a Colombia. No obstante, el estatus de asilo político en Nicaragua podría obstaculizar su detención o entrega mientras dicho asilo esté vigente.
El caso ha reavivado críticas y preguntas sobre la actuación diplomática de Colombia y de Nicaragua, especialmente en relación con la residencia concedida al exfuncionario y la intervención de la embajada colombiana en Managua.
