El presidente de Colombia, Gustavo Petro, notificó formalmente al gobierno de Estados Unidos que no extraditará a tres criminales reclamados por Washington, justificando que los individuos se encuentran en un proceso de paz avanzado.
Durante una alocución pública el 17 de septiembre de 2025, Petro afirmó que de los 403 extraditables solicitados por EE.UU., 400 han sido enviados ante la justicia estadounidense, pero que tres podrían permanecer en Colombia si efectivamente cumplen con los requisitos del proceso de paz.
Los casos específicos mencionados incluyen figuras como alias Mocho Olmedo del frente 33 de las disidencias de las FARC; alias H.H., del grupo “Comuneros del Sur”; y alias Araña, de los Comandos de la Frontera, todos con órdenes de captura internacionales y solicitudes de extradición por delitos relacionados con narcotráfico.
Petro sustentó su decisión en el principio constitucional de que la paz es un derecho, plasmado en el artículo 22 de la Constitución colombiana, y en que los procesos de paz abiertas o en curso podrían ofrecer una salida negociada a estos perfiles criminales si cumplen ciertos requisitos legales y de verificación.
Estados Unidos, por su parte, ha manifestado preocupación por este tipo de decisiones, que considera que afectan la cooperación bilateral y los compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico. La relación diplomática entre ambos países se ha tensado recientemente, en parte por la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, medida adoptada por EE.UU., que incluye críticas al desempeño colombiano en extradiciones.
El gobierno colombiano ha argumentado que la descertificación no implica una suspensión inmediata de ayudas, pero demanda que se reconozca la diferencia entre el cumplimiento efectivo de extradición y aquellas situaciones en que el proceso de paz justifique una suspensión temporal o matizada de la entrega de los reclamados.
El anuncio de Petro ha sido calificado como un cambio significativo en la política exterior y criminal de Colombia, dado que la extradición ha sido históricamente un instrumento clave en la cooperación con EE.UU. en la lucha contra el crimen transnacional.