El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en el Congreso una nueva ley de financiamiento con la que busca recaudar 26,3 billones de pesos, generando un amplio debate político y reavivando cuestionamientos sobre una promesa que el mandatario hizo antes de llegar a la Casa de Nariño. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca garantizar la estabilidad fiscal del país y cubrir parte del presupuesto de 2026.
Sin embargo, la medida no tardó en desatar una tormenta en redes sociales y en el escenario político. Dirigentes de diferentes partidos recordaron un mensaje publicado por Petro en julio de 2021, cuando aseguró que, de llegar al poder, solo impondría nuevos impuestos a unas 4.000 personas de altos ingresos. La actual propuesta, en contraste, ha sido calificada por la oposición como un golpe a la clase media y a las empresas.
Uno de los más críticos fue el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien advirtió que el proyecto es “una reforma tributaria disfrazada” que afecta a personas naturales y compañías ya asfixiadas por los costos. Según el senador, “esta miopía tributaria refleja un sesgo ideológico claro” y prometió que su bancada actuará como vocera en defensa de los contribuyentes. Su pronunciamiento fue replicado con el hashtag #NoMásImpuestos, que rápidamente escaló en redes sociales.
A su vez, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, lanzó fuertes críticas al señalar que la propuesta considera a sectores de ingresos medios como parte de los “megarricos”. “Yo no sabía que quien ganara 6,5 millones de pesos era parte de los más ricos del país. ¡Petro mentiroso!”, escribió la congresista, cuestionando los criterios del Gobierno para definir a los contribuyentes con mayor capacidad económica.
El descontento no se limitó a los parlamentarios. Precandidatos presidenciales también se sumaron al debate, entre ellos la periodista Vicky Dávila, quien calificó la iniciativa como un riesgo para la democracia. En sus declaraciones, pidió al Congreso hundir la reforma, advirtiendo que los recursos podrían usarse “para comprar las elecciones del 2026”.
En medio de las críticas, el ministro de Hacienda defendió el proyecto. Según Ávila, la ley no solo garantiza recursos para cubrir el déficit fiscal, sino que busca sentar las bases de un pacto económico de largo plazo que le otorgue estabilidad al próximo gobierno. Aseguró que no se gravarán alimentos básicos y que la carga se concentrará en sectores de mayores ingresos.
El debate sobre la reforma tributaria marca un nuevo pulso en el último tramo del mandato de Petro. A un año de terminar su gestión, el presidente enfrenta el reto de cumplir con la financiación del presupuesto nacional sin profundizar la polarización política ni perder respaldo popular. La discusión en el Congreso será decisiva para determinar el alcance de la ley y el legado fiscal de su gobierno.
La polémica promesa de 2021, sumada al impacto económico de la nueva ley de financiamiento, perfila este debate como uno de los más sensibles de la recta final del actual mandato, donde el equilibrio entre las necesidades fiscales y la credibilidad política del Gobierno estará en juego.
