El presidente Gustavo Petro desató una nueva controversia política y de seguridad al asegurar que las recientes acciones bélicas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) responden a una estrategia funcional a la «ultraderecha». En medio de una semana marcada por el recrudecimiento del conflicto, el mandatario sostuvo que la guerrilla actúa como un instrumento de intereses políticos contrarios a su administración, sugiriendo una convergencia de objetivos entre el grupo insurgente y los sectores opositores a su Gobierno.
Estas declaraciones se produjeron en un momento crítico para el orden público, apenas horas después del grave atentado contra una base militar en Aguachica, Cesar. El ataque, ejecutado la noche del jueves 18 de diciembre, dejó un saldo trágico de siete soldados muertos y varios heridos, un hecho que elevó las alarmas sobre la capacidad de daño de la organización en las regiones donde mantiene presencia histórica y control territorial.
Pese a la magnitud de los eventos en el Cesar, el jefe de Estado entregó un balance que busca dimensionar el impacto real del paro armado decretado por el grupo ilegal. Según las cifras presentadas por el presidente, la ofensiva dejó dos policías muertos y siete civiles heridos. Sin embargo, Petro desmintió categóricamente que el país haya sufrido una parálisis generalizada, argumentando que las afectaciones se limitaron a trece vías en zonas remotas, contradiciendo así las versiones que hablaban de un bloqueo nacional efectivo.
En su análisis sobre la coyuntura, el presidente cuestionó la naturaleza actual del ELN, señalando que la organización ha mutado y perdido la fuerza ideológica y militar de décadas pasadas. Para el mandatario, el grupo opera hoy ligado a dinámicas del narcotráfico internacional y mantiene vínculos externos que, paradójicamente, sirven a intereses políticos de la derecha global, desdibujando su supuesta lucha revolucionaria.
La postura del Gobierno Nacional apunta a deslegitimar políticamente el accionar guerrillero, planteando que cada ataque y alteración del orden público termina fortaleciendo el discurso de la oposición. Mientras la fuerza pública intenta recuperar el control en las zonas afectadas, el debate se centra ahora en la viabilidad de los diálogos de paz con un actor armado al que el propio Ejecutivo acusa de sabotear el proyecto progresista mediante la violencia.
