Gustavo Petro aseguró que las EPS en crisis no recibirán apoyo del Gobierno: “seguirán quebrándose, no las voy a salvar”

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El presidente Gustavo Petro afirmó el 12 de septiembre de 2025 que el Gobierno no rescatará las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que continúen en crisis financiera, y que su enfoque estará en proteger la salud de los ciudadanos en lugar de mantener instituciones “quebradas”.

El mandatario lanzó fuertes críticas hacia las EPS calificándolas de corruptas, denunciando carteles de contratación cuyos responsables estarían en la justicia, al mismo tiempo que señaló que su reforma a la salud es el camino para enfrentar la crisis.

La Contraloría General de la República detectó pasivos en la Nueva EPS por 21,37 billones de pesos, según su informe más reciente. Entre los hallazgos se encuentran anticipos sin legalizar, facturas represadas, duplicaciones en los registros y fallas significativas en reservas técnicas.

El monto de anticipos pendientes aumentó de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024. Para junio de 2025, ese monto ascendía a $15,27 billones, sumando una carga financiera crítica para la entidad.

Respecto a las facturas, la Contraloría identificó 22,7 millones de facturas sin procesar por valor de $22,1 billones, de las cuales más de 9 millones son registros duplicados por $8,9 billones. Excluyendo duplicaciones, queda un saldo pendiente significativo.

El presidente sostiene que la crisis no se debe a falta de recursos sino a corrupción, mala administración y desequilibrios estructurales. En su discurso pidió al Congreso, especialmente a la Comisión Séptima del Senado, acelerar el trámite de la reforma a la salud, advirtiendo que mientras ese proyecto no avance, las EPS seguirán quebrándose.

La Corte Constitucional ha señalado que el Ministerio de Salud no ha demostrado la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo clave para financiar las EPS, y ha ordenado ajustes al método para fijar ese valor.

El informe de la Contraloría incluye datos que indican un empeoramiento de la situación incluso después de la intervención estatal de la Nueva EPS, lo cual contradice algunas declaraciones presidenciales que atribuyen la crisis a las administraciones previas.

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