El Gobierno Nacional anunció la suspensión de los diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, tras el escándalo generado por un evento irregular ocurrido en la cárcel de Itagüí, en el que participó un artista en presencia de cabecillas de estructuras criminales privadas de la libertad.
La decisión fue comunicada oficialmente el 9 de abril de 2026 por la Delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional, que indicó que los hechos registrados el día anterior no hacen parte de las garantías de funcionamiento del Espacio de Conversación Socio Jurídico, mecanismo establecido para el desescalamiento de violencias y la transición de integrantes de estructuras criminales hacia la legalidad.
Según el pronunciamiento, el ingreso del artista al centro penitenciario fue confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), lo que llevó al Gobierno a rechazar de manera categórica lo ocurrido. Como consecuencia, se decidió suspender la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales hasta que se establezca con claridad su responsabilidad en los hechos.
El evento irregular, que ha sido ampliamente cuestionado, se produjo en un contexto en el que varios de los líderes de estas organizaciones habían sido incluidos en procesos de diálogo bajo la política de “paz total”, con medidas como la suspensión de órdenes de captura para facilitar los acercamientos con el Estado.
La Delegación de Paz Urbana también expresó su respaldo a las acciones adoptadas por la alta dirección del INPEC, mientras avanzan las investigaciones para determinar cómo se permitió la realización del evento dentro del establecimiento carcelario.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los controles internos en las cárceles y sobre la implementación de los procesos de diálogo con estructuras criminales. La suspensión de la mesa de conversaciones marca un punto de inflexión en la estrategia de paz urbana en Medellín, que buscaba reducir la violencia mediante acuerdos con estos grupos.
Las autoridades continúan evaluando las implicaciones del episodio y las medidas a seguir, en un escenario en el que el Gobierno deberá redefinir su estrategia frente a los acercamientos con organizaciones criminales en entornos urbanos.
