La mesa de concertación de políticas salariales y laborales en Colombia recibió este lunes una ambiciosa propuesta por parte del Gobierno Nacional para definir el ingreso de los trabajadores en el próximo año. La administración del presidente Gustavo Petro destapó sus cartas planteando un incremento del 13,3 % sobre el salario base actual, lo que ubicaría la remuneración mensual en $1.613.426 para el año 2026. Esta cifra se sustenta en un estudio técnico respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual sugiere que dicho monto es necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio de cuatro personas, según los estándares de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del DANE.
En términos monetarios, la propuesta representa un aumento cercano a los $190.000 pesos frente al salario mínimo vigente en 2025, que se sitúa en $1.423.500. El impacto en el bolsillo de los trabajadores sería mayor al considerar el auxilio de transporte, cuyo valor se estima en $200.000 para la próxima vigencia. De aprobarse la iniciativa oficial tal como fue presentada, el ingreso mensual total que percibiría un empleado formal en Colombia alcanzaría la cifra de $1.813.426, marcando un hito en la remuneración nominal en el país.
El Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha sido el encargado de defender la postura gubernamental en la mesa de negociación. Según el funcionario, el incremento no es una cifra al azar, sino una medida responsable y necesaria diseñada para proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables frente a la presión inflacionaria acumulada en alimentos y servicios públicos. El Ejecutivo argumenta que garantizar un ingreso digno es fundamental para reactivar el consumo interno y cerrar las brechas de desigualdad que persisten en la economía nacional.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia en el sector productivo. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y otros gremios empresariales han manifestado su preocupación, advirtiendo que un alza de esta magnitud podría tener efectos contraproducentes en el mercado laboral. Los representantes de los empresarios calificaron la iniciativa de «populista» y alertaron sobre el riesgo de que los altos costos de contratación frenen la creación de nuevos empleos, incentiven la informalidad y dificulten la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas.
Las negociaciones continuarán durante los próximos días en un ambiente de alta tensión política y económica. Los equipos técnicos de ambas partes deberán evaluar el impacto real de las cifras sobre la inflación futura y la productividad empresarial. El objetivo de la mesa tripartita sigue siendo alcanzar un consenso antes de que finalice el año, aunque las distancias entre la oferta del Gobierno y las expectativas de los empresarios sugieren que el decreto final podría ser una decisión compleja para el Ejecutivo si no se logra un acuerdo concertado.
