El Gobierno de Gustavo Petro prepara una reforma a la Ley de Justicia y Paz que ampliaría beneficios a jefes de estructuras criminales, incluyendo posibles libertades tras cumplir penas de entre cinco y ocho años, siempre que entreguen armas, bienes ilegales y menores reclutados; cesen actividades ilícitas; participen en proyectos de transformación territorial; y obtengan certificación del Alto Comisionado para la Paz..
Entre los beneficiarios estaría alias ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo, junto con cabecillas de bandas urbanas —incluso algunos que participaron en el reciente “tarimazo” con Petro en Medellín— y miembros de disidencias. La iniciativa no contempla revisión individual de los delitos, lo que ha encendido la polémica sobre la equidad y la gravedad de los crímenes.
La reforma también exigirá que los delitos hayan sido cometidos antes del 31 de diciembre pasado y ordenará la suspensión temporal de extradicciones, medida que ya fue anticipada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, como parte de la estrategia de paz total, pese a las críticas desde Estados Unidos.
Borrador Pl 062025 by dlandinezc
El proyecto dispondría que parte de los bienes entregados por los criminales se destinen a la reparación de víctimas y a programas de reincorporación, mientras el resto se invertiría en proyectos estatales. Una evaluación final de la propuesta fue anticipada para este viernes, cuando se estudiarán las críticas y posibles modificaciones.
Aunque el ministro Montealegre ha defendido la iniciativa como un mecanismo legal y transparente para avanzar en la desmovilización y reincorporación, los analistas han advertido que la medida podría generar tensiones con Estados Unidos y debilitar la lucha contra el crimen organizado. La suspensión de la extradición sin garantía judicial es uno de los puntos de mayor controversia.
El Gobierno sostiene que esta reforma está alineada con la política de paz total, priorizando el sometimiento de líderes criminales a cambio de justicia restaurativa y desarrollo territorial. No obstante, la inminente presentación del proyecto en el Congreso será decisiva para determinar si se modifican condiciones clave o se mantiene el esquema planteado hasta ahora.
