El Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) reconocieron que existe una grave escasez de vehículos blindados para proteger a los precandidatos presidenciales en el marco de las elecciones de 2026, lo que genera alertas sobre las garantías de seguridad del proceso democrático.
Augusto Rodríguez, director de la UNP, reportó una “avalancha de solicitudes” de protección, lo que ha llevado al organismo a adelantar procesos de licitación destinados a conseguir vehículos blindados y convencionales. En ese ejercicio, todos los grupos correspondientes a vehículos convencionales quedaron desiertos por falta de oferentes, y en los grupos de blindados solo se logró adjudicar uno.
El director explicó que los otros tres grupos de blindados también quedaron desiertos, situación que pone a la UNP en “una dificultad en la medida en que vehículos no hay disponibles, la dificultad es por la escasez de vehículos”.
El ministro Armando Benedetti complementó que, hasta ahora, se han prestado 1.047 servicios de protección que involucran a 15.000 efectivos de Armada, Ejército y Policía, lo que ha permitido proteger a 59 precandidatos presidenciales.
Asimismo, Benedetti señaló que se han atendido 64 solicitudes de protección presidencial, incluidas aquellas que aún están en estudio.
Rodríguez indicó que, aunque los procesos de licitación están en curso para adquirir más vehículos blindados, no se ha identificado en el mercado nacional ningún oferente con capacidad técnica y logística suficiente para cumplir con las especificaciones de seguridad requeridas.
Frente a esta crisis logística, el Gobierno ha anunciado medidas alternativas:
- Nueva licitación para cubrir la demanda de vehículos.
- Explorar acuerdos con el Ejército e Indumil para utilizar vehículos existente en esas instituciones.
- Evaluar transacciones gobierno a gobierno con países vecinos para importar automotores adecuados.
- Implementación de un “esquema ligero” que incluye escoltas, apoyos para transporte, y otros mecanismos temporales de protección.
La situación ha generado preocupación en varios sectores políticos, pues la seguridad de los aspirantes es clave para asegurar un proceso electoral transparente, sin amenazas ni obstáculos que limiten su participación.
