La Fiscalía General de la Nación solicitó una pena de 108 meses de prisión, es decir, nueve años, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras haber sido declarado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por la jueza Sandra Liliana Heredia.
El pedido formal de condena se produjo luego de más de ocho horas de lectura del fallo judicial, en el cual la Fiscalía destacó la responsabilidad directa de Uribe como determinador de las maniobras ilegales para inducir a testigos como Juan Guillermo Monsalve a retractarse ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión sobre la imposición de la pena se conocerá el próximo viernes 1° de agosto a las 2 de la tarde, fecha pactada entre las partes y definida por la jueza Heredia. Ese día se resolverá si el expresidente deberá cumplir condena en prisión o podrá acceder a medidas como la prisión domiciliaria.
La Procuraduría General, por su parte, respaldó una solicitud alternativa: prisión domiciliaria para Uribe. Argumentó que, al no tener antecedentes penales y ser una figura política destacada a nivel nacional, cabría concederle casa por cárcel en lugar de cárcel intramural.
Este proceso ha sido precedido por un juicio de alto voltaje político que duró más de diez años. Iniciado en 2012 contra el senador Iván Cepeda, derivó en 2018 en la apertura de investigación contra Uribe, y dio lugar a un juicio oral que comenzó en febrero de 2025 con 67 audiencias y más de 90 testigos.
La condena solicitada representa una pena significativa dentro del rango máximo legal (de 6 a 12 años), ya que supera ocho años y condiciona la concesión de prisión domiciliaria. Si se impone menos de ocho años, Uribe podría solicitar cumplimiento en su lugar de residencia. La defensa ya anticipó que presentará apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.
