La Fiscalía General de la Nación confirmó que durante 16 meses no recibió reportes, copias ni avances sobre la información extraída de los dispositivos incautados a alias Calarcá y otros miembros del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC. La situación fue revelada a través de un comunicado oficial emitido este 24 de noviembre, en el que el ente acusador explica la serie de irregularidades detectadas y las decisiones adoptadas tras el análisis preliminar de los datos recuperados.
Según el documento, el material digital —computadores, teléfonos, discos duros y otros equipos— fue incautado el 23 de julio de 2024 en un retén militar en Anorí (Antioquia). Desde entonces, permanecía bajo custodia de la DIJIN, encargada de realizar la extracción y posterior entrega de informes técnicos. Aunque se produjeron cinco reportes forenses, la fiscal a cargo del caso en Medellín no recibió durante más de un año información adicional, actualizaciones ni alertas sobre posibles hallazgos relevantes.
La Fiscalía señaló que las verificaciones realizadas hoy en Medellín revelan la existencia de información “de la mayor gravedad”, no conocida previamente por los investigadores del caso. Esto llevó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, a ordenar la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada, con el fin de impulsar nuevas líneas de investigación sobre presunta cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte del EMC, además de posibles nexos con estructuras criminales.
Como parte de estas acciones, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en la información analizada. El comunicado también confirma que tres de los integrantes de la caravana interceptada ya fueron judicializados, mientras 28 disidentes del frente 36 de las FARC en Antioquia enfrentan procesos sustentados en el material incautado.
El ente acusador reiteró que los dispositivos permanecieron bajo custodia policial desde su incautación y advirtió que resulta preocupante que parte de su contenido haya trascendido públicamente, dado que se trata de evidencia sometida a reserva penal. La Fiscalía recordó que sus delegados actúan con autonomía y que las investigaciones de alto impacto deben gestionarse bajo estrictos protocolos para proteger la integridad de la información.
Aún persiste silencio oficial frente a la situación del coronel retirado Wilmer Mejía, mencionado en discusiones públicas recientes, pero ausente en el comunicado divulgado. La Fiscalía no incluyó referencia alguna sobre su eventual relación con este expediente o con los hallazgos revelados.
