La Fiscalía General de la Nación advirtió que reactivará la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias “Calarcá”, si el Gobierno nacional no define en el corto plazo la continuidad de los diálogos de paz con la estructura armada que lidera. La decisión se enmarca en un ultimátum de aproximadamente una semana otorgado al Ejecutivo para tomar medidas concretas.
El pronunciamiento fue realizado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien señaló que la suspensión de las órdenes de captura —otorgada en el marco de la política de “Paz Total”— está condicionada al cumplimiento de compromisos por parte de los grupos armados. La funcionaria advirtió que, ante la persistencia de actividades delictivas, la Fiscalía no puede mantener beneficios judiciales sin resultados verificables.
Las autoridades judiciales aseguran contar con nuevos elementos probatorios que comprometerían directamente a alias Calarcá en delitos graves, incluso posteriores a su designación como vocero en la mesa de negociación. Entre las evidencias se incluyen comunicaciones interceptadas y análisis de dispositivos electrónicos que, según la Fiscalía, evidencian su presunta participación en hechos como el asesinato de un líder social.
El caso ha generado tensiones entre la Fiscalía y el Gobierno, ya que la orden de captura fue suspendida precisamente para facilitar los acercamientos de paz. Sin embargo, el ente acusador insiste en que los beneficios jurídicos dependen del cese real de actividades criminales, condición que, según las investigaciones, no se estaría cumpliendo.
En paralelo, ambas instituciones acordaron implementar una nueva metodología de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos que permiten mantener suspendidas las órdenes de captura. Este mecanismo incluye revisiones periódicas basadas en el comportamiento de los grupos armados y su respeto al Derecho Internacional Humanitario.
La advertencia de la Fiscalía se produce en un contexto de cuestionamientos a la política de paz del Gobierno, particularmente frente a las disidencias de las FARC. La eventual reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá podría impactar directamente el desarrollo de las negociaciones y redefinir el rumbo de los diálogos en curso.
El desenlace dependerá de la decisión que adopte el Gobierno en los próximos días, en un escenario donde la presión judicial y las exigencias de seguridad siguen marcando el futuro de la estrategia de paz en Colombia.
