La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en Colombia por la presunta utilización irregular de recursos públicos por cerca de $23.000 millones en contratos suscritos por RTVC, el sistema de medios públicos, para servicios que incluyeron a un maquillador y un fotógrafo vinculados a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro. La pesquisa se enmarca en denuncias que cuestionan la modalidad de contratación y el destino de los fondos públicos.
La indagación se originó a partir de documentos y denuncias presentados ante la Fiscalía que vinculan contratos firmados desde septiembre de 2022 hasta el segundo semestre de 2025 por parte de RTVC con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), intermediaria que subcontrató a los profesionales identificados como Fady Javier Flórez (maquillador) y Mauricio Vélez (fotógrafo).
Según la documentación obtenida por medios nacionales, la suma de los contratos oficiales bajo el esquema de “administración delegada” alcanzó casi $23.000 millones. El primer contrato se fechó en septiembre de 2022 por $1.214 millones, seguido de otro por $1.921 millones ese mismo año. En 2023, RTVC celebró al menos dos contratos por $5.549 millones y $1.792 millones respectivamente. Para 2024 se suscribió uno por $8.000 millones y en 2025 otro por $3.976 millones.
La Fiscalía examina si estos contratos, a través del convenio entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y RTVC, se realizaron con pleno cumplimiento de los principios de transparencia y finalidad pública. El esquema de administración delegada —donde una entidad pública transfiere la ejecución contractual a un tercero como la cooperativa Savi— está en el centro del escrutinio por reducir controles directos sobre la ejecución de los recursos.
RTVC ha respondido a solicitudes de información señalando que los vínculos laborales no eran directos con la entidad estatal, sino con la cooperativa intermediaria, y que los contratos se realizaron conforme a la ley. Sin embargo, expertos y denunciantes señalan que esta figura contractual pudo facilitar direccionamientos hacia beneficiarios específicos, disminuyendo el control sobre el uso de los fondos públicos.
El caso ha generado cuestionamientos políticos y mediáticos sobre el manejo de recursos estatales y la transparencia en la contratación pública, especialmente por la vinculación de los profesionales contratados con actividades de imagen y producción audiovisual para la entonces primera dama.
Además de los contratos en Colombia, la situación se ha visto amplificada por la cobertura mediática de otros aspectos de la vida pública de Alcocer —como su estadía prolongada en Europa en 2025— que han intensificado el debate sobre su papel institucional y el uso de recursos asociados a su figura.
La Fiscalía continúa con la indagación para determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en la ejecución y supervisión de estos contratos, y podría ampliar la investigación a posibles responsabilidades administrativas o penales si se encuentran indicios claros de uso indebido de recursos públicos.
