Las víctimas y la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay exigieron públicamente que la Fiscalía General de la Nación de Colombia avance en la investigación para establecer quiénes fueron los instigadores, determinadores y financiadores del magnicidio que acabó con su vida tras un atentado en junio de 2025 en Bogotá, según declararon representantes jurídicos del caso el 23 de febrero de 2026.
El abogado Víctor Mosquera, quien representa a las víctimas, reconoció la labor técnica de la Fiscalía y la reciente sentencia condenatoria contra Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, por su responsabilidad en la entrega del arma homicida y su participación en la ejecución del crimen. Martínez fue condenada a 21 años y dos meses de prisión por homicidio agravado y otros delitos vinculados al atentado que enlutó a la vida política nacional.
Pese a estos avances judiciales, el abogado de las víctimas enfatizó que “el propio fallo describe la existencia de mando, dirección y financiación dentro de la organización criminal” que planificó el ataque, por lo que insistió en que el proceso debe seguir hasta identificar los autores intelectuales y quienes ordenaron el crimen. Según Mosquera, la investigación delineada por el ente acusador ya evidencia que el atentado fue ejecutado por una estructura criminal que “operó por precio y con una finalidad política”.
Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2025, cuando Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático y precandidato presidencial, fue atacado a tiros durante un acto de campaña en el barrio Modelia de Bogotá. Un adolescente de 15 años fue capturado de inmediato y posteriormente condenado a siete años de detención en un centro especializado para menores, como autor material del disparo, aunque permanecen interrogantes sobre quién ordenó y financió el atentado.
La Fiscalía ha imputado y procesado a varios implicados en la cadena criminal que participó en el asesinato, incluyendo a presuntos intermediarios y facilitadores logísticos como alias ‘El Costeño’, señalado como coordinador de la red de sicarios ligada al magnicidio, y otras personas que negociaron preacuerdos aceptando su responsabilidad en los hechos. Estas diligencias han permitido avanzar en esclarecer parte de la logística del crimen, aunque aún no determinan a los presuntos instigadores finales.
Las víctimas sostienen que la investigación debe continuar con énfasis en identificar los determinadores políticos y financieros detrás del ataque, con miras a posibles capturas, nuevas imputaciones y sanciones judiciales que respondan a la magnitud del asesinato. Dicha exigencia subraya la importancia de avanzar en la verdad judicial y en la reparación integral a las víctimas dentro del marco del Estado de Derecho colombiano.
El magnicidio de Uribe Turbay generó un profundo impacto en la sociedad y en el ámbito político nacional, reavivando el debate sobre la violencia política y la protección de figuras públicas en medio de procesos electorales y pugnas partidistas. La familia y las víctimas mantienen su llamado a que se conozca la verdad completa de los hechos, más allá de las responsabilidades ya establecidas por el sistema judicial.
