Petro impulsa reforma tributaria con impuesto a herencias, dividendos y salidas de capital al exterior, reforma tributaria que radicará ante el Congreso a finales de agosto. Su propuesta, parte del denominado “Pacto Fiscal”, busca recaudar aproximadamente 19 a 26 billones de pesos, destinados a equilibrar las crecientes necesidades del gasto público y la deuda nacional.
Petro centrará los nuevos impuestos en los más altos ingresos personales de grandes empresarios, incluyendo dividendos, herencias y remesas enviadas al exterior, particularmente aquellas vinculadas a utilidades giradas a matrices en el extranjero.
La iniciativa contempla además gravar fusiones empresariales que concentren poder o capital, la renta presuntiva sobre tierras improductivas en grandes latifundios y los ahorros en paraísos fiscales, junto con aranceles a la importación de productos que generen CO₂ como estrategia ambiental.
En paralelo, el gobierno anuncia una reducción del impuesto a las empresas, con la excepción de aquellas dedicadas a la extracción de combustibles fósiles. El objetivo es incentivar la descarbonización y promover una transición hacia un modelo económico sostenible.
Petro subraya que esta redistribución fiscal no perjudicará a las empresas competitivas ni a la clase media, sino que pondrá la carga sobre quienes mayor rentabilidad económica han obtenido sin retribuir adecuadamente al país.
Expertos legislativos alertan que la reforma enfrenta obstáculos reales en el Congreso: ya hay bloqueos desde comisiones del Senado, lo que complica su trámite antes del receso parlamentario. De no avanzar con mayoría suficiente, el plan podría quedar estancado como proyectos anteriores.
El discurso oficial recalca que, si bien los recursos recaudados no beneficiarán directamente al gobierno actual, abrirán una senda de sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, reduciendo el riesgo de endeudamiento excesivo y fortaleciendo la estabilidad económica nacional.
La reforma propone un cambio estructural en la política tributaria colombiana, con enfoque en gravar rentas personales elevadas, incentivar prácticas empresariales verdes y limitar salidas de capital. El desafío político será asegurar respaldo legislativo suficiente para convertir el plan en una herramienta efectiva de justicia fiscal y compromiso ambiental.
